La Audiencia Provincial de Madrid juzga este miércoles, 12 de abril, a los 19 integrantes de una presunta red criminal acusada de estafar más de 184.000 euros a colectivos vulnerables, especialmente personas mayores y discapacitadas, con la venta de enciclopedias.
Los acusados, 10 hombres y 9 mujeres naturales de España y Argentina con edades comprendidas entre los 23 y los 49 años y residentes en Alcorcón, Getafe, Madrid, Parla y Toledo, se enfrentan a penas de entre 5 y 7 años de cárcel por delitos de pertenencia a grupo criminal, delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, y un delito continuado de estafa.
Los acusados trabajaban como comerciales dedicados a la venta fuera de establecimiento comercial, conociéndose entre ellos al haber trabajado juntos en empresas del mismo sector. Todos ellos poseían las bases de datos de los clientes de las empresas en las que habían trabajado, dedicándose a la venta de libros a personas de avanzada edad, fácilmente manipulables, mediante engaños y coacciones.
Bajo la llamada operación “Abanterum”, la investigación determinó la existencia de 592 víctimas a las que esta red estafó en 19 provincias españolas, siendo buena parte de ellas de la Comunidad de Madrid. Los integrantes de este entramado criminal empleaban tácticas de venta agresiva para generar confusión en las víctimas, con constantes coacciones y amenazas bien de manera presencial o a través de los “call center” existentes en los locales desde donde operaban.
Las víctimas llegaban a pagar importantes sumas de dinero por la compra de enciclopedias o incluso por darse de baja en la base de datos, llegando los acusados a comunicarse entre ellos los datos de los clientes más vulnerables, a efectos de realizarles ventas masivas de libros. En algunos casos, las estafas han causado la quiebra económica de familias enteras tras haber desembolsado grandes cantidades.
Se han llevado a cabo un total de cinco registros en empresas y domicilios -2 en Madrid, 2 en Getafe y 1 en Mejorada del Campo-, en los que se intervinieron numerosos ordenadores, material informático y numerosa documentación relacionada con la actividad delictiva. La investigación ha impedido que este entramado llegase a utilizar una base de datos de reciente adquisición en el mercado ilícito que contenía las filiaciones de otras 2.000 potenciales víctimas de idéntico perfil a las estafadas.
Compra de identidades en el mercado negro
La red criminal adquiría paquetes de identidades en el mercado negro de personas que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas, o bien habían sido víctimas de múltiples estafas. Una vez los estudiaban definían el método para defraudar el máximo dinero posible.
Uno de los modos operandi consistía en engañar a las víctimas explicándoles que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas y que el contrato de compra les obligaba a adquirir las nuevas ediciones de forma que, ante la posibilidad de tener problemas legales, las víctimas compraban las colecciones valoradas entre los 1.900 y 3.000 euros. En una ocasión se personaron en el domicilio de una víctima, manifestando ser abogados de la editorial e instándole a abonar la deuda bajo amenaza de denuncia por impago y que se les embargaría la vivienda.
Si las víctimas tenían problemas económicos, les ofrecían la posibilidad de financiar la deuda falsificando contratos de los que los afectados asumían las consecuentes responsabilidades contractuales. En ocasiones estafaban doblemente a las víctimas, al ofertarles la subasta de las colecciones de libros que les habían vendido, embaucándolos con precios sobredimensionados que garantizaban siempre que adelantasen unas cuantías que oscilaban entre los 3.000 y 8.000 euros para llevar a cabo la subasta.
El último escalón de la trama delictiva iba dirigido a víctimas que habían sufrido diversas estafas o ventas abusivas durante los últimos años. Los integrantes de la red se ponían en contacto con ellas haciéndose pasar por una asesoría jurídica ofreciéndoles sus servicios, mediante la firma de un contrato anual de entre 2.400 a 3.400 euros.
