La Comunidad de Madrid estrena la nueva Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, un texto que sustituye al vigente desde 1995 e incorpora todas las novedades legislativas para «dar una respuesta integral a los nuevos retos y necesidades de los niños y proteger su bienestar en todas las etapas de la vida».
La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha presentado hoy los detalles de la norma, en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. “Con ella superamos el concepto tradicional de la protección de menores para considerar la infancia en toda su diversidad, con actuaciones desde todos los ámbitos de la administración, que implican también a las entidades locales, al Tercer Sector y a la ciudadanía, ha señalado.
Uno de los ejes más importantes del texto es la incorporación del derecho de todos los niños a crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Con él, señalan desde el Gobierno regional, «no solo se prioriza el acogimiento familiar de los menores tutelados frente a su estancia en centros, sino que además se trabaja para prevenir situaciones de vulnerabilidad o desprotección que puedan derivar en la separación de sus padres biológicos». Asimismo, se regulan por primera vez las entregas voluntarias para la adopción en el momento del nacimiento.
La norma también pone un especial énfasis en asegurar que los menores de la región «no sean víctimas de ningún tipo de violencia», estableciendo medidas de sensibilización, prevención, detección y reparación del daño y promoviendo entornos protectores en todos los lugares donde los niños desarrollan su vida diaria. También incluye sanciones de hasta 30.000 euros para las personas que incumplan el deber de comunicar las situaciones de violencia sobre un menor que puedan conocer.
Escolarización universal y gratuita de cero a tres años
En cuanto a la educación, se promueve la escolarización universal y gratuita a niños de cero a tres años y se incluye en los currículos de todas las etapas educativas formación y contenidos para garantizar el aprendizaje por parte del alumnado de las competencias y habilidades digitales básicas.
Esta medida tiene como objetivo fomentar las buenas prácticas en el manejo de las nuevas tecnologías y evitar los riesgos derivados de su uso inadecuado, y se complementa con la exigencia a los editores y publicadores de contenidos de adultos de verificar de manera eficaz la mayoría de edad de sus usuarios o instalar por defecto el control parental en todas las nuevas altas de acceso a internet.
También se consagra una mayor participación de los niños en todos los órdenes de la sociedad, incluida la actividad de las administraciones públicas. Para facilitarla se crearán órganos como el Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y la Adolescencia o los Consejos de Derechos en municipios y mancomunidades, en los que los menores tendrán presencia directa.
“Esta ley es fruto del trabajo conjunto de los grupos políticos, de expertos, funcionarios, entidades sociales y de ciudadanos que han hecho sus aportaciones, y nos dota de un marco que garantiza la protección integral de los menores y pone a la familia en el centro de las políticas sociales”, ha enfatizado la consejera.
