La nueva Ley de derechos, garantías y protección integral de la infancia y la adolescencia ha sido aprobada hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid con los votos de PP y Vox. Esta norma, que sustituye a la vigente desde 1995, «refuerza los derechos de los 1,2 millones de niños y jóvenes y se adapta al marco normativo nacional e internacional y a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad», señalan desde el Gobierno regional. Se trata de la sexta norma que se convalida en el Parlamento autonómico en lo que va de año y entrará en vigor este próximo mes de abril tras su publicación los próximos días en el Boletín Oficial regional (BOCM).
El documento introduce los principios rectores de la actuación administrativa en materia de infancia y adolescencia y el marco de colaboración con las familias, el resto de administraciones públicas, las entidades del tercer sector y las empresas, identificando los órganos de atención y garantía de sus derechos. Además, adecúa la legislación a las mejores prácticas en valoración y tratamiento del riesgo, impulsando para ello los mecanismos de protección y prevención.
La nueva Ley de Infancia hace hincapié en los derechos de los niños en relación con el entorno digital, garantizando su aprendizaje, fomentando el uso responsable y seguro y protegiendo a los menores frente a contenidos perjudiciales, con especial atención a las situaciones de violencia y de las noticias falsas en la red, así como de los contenidos que puedan resultar dañino para su dignidad o desarrollo. En este sentido, la Comunidad de Madrid promoverá acciones de información, difusión y concienciación dirigidas a los padres o tutores, con el fin de lograr las competencias básicas necesarias para la enseñanza y transmisión de buenas prácticas.
También hace una apuesta decidida por el cumplimiento efectivo del derecho del niño a crecer en una familia, especialmente en el caso de los menores de 6 años. Se establecen pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción para garantizar situaciones estables para los niños, unificando procedimientos y declaraciones de idoneidad. Además, subraya el carácter prevalente del interés superior del menor frente a otros intereses legítimos y regula las entregas voluntarias, garantizando de este modo canales seguros para la madre y el niño.
El Gobierno regional, señalan, «reafirma con esta normativa su compromiso de proteger el derecho a la vida, supervivencia e integridad física, psicológica y moral de los niños, movilizando a tal efecto todos los recursos disponibles, en aras a la salvaguarda del interés superior del menor». “Este deber de protección se extiende no solo desde su nacimiento, sino también a la mujer embarazada, articulando mecanismos de ayuda ya desde la fase prenatal, con el objetivo de velar por la vida y la salud del nasciturus, al mismo tiempo que se ponen todos los medios y el apoyo necesario al alcance de madres jóvenes para que puedan continuar con su embarazo y criar a sus hijos dignamente, con salud y en libertad”, ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.
Sobre el derecho a la educación, el texto promueve la escolarización universal y gratuita a niños de cero a tres años, lo que supone una de las novedades más relevantes de la nueva Ley. Del mismo modo, fija la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable, al mismo tiempo que una obligación compartida por el conjunto de la sociedad.
