El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, ha puesto en marcha una campaña publicitaria para informar a los ciudadanos del cumplimiento por parte de la ciudad de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
Con la campaña ‘Madrid por fin respira’, el Consistorio informa a los ciudadanos de este nuevo hito y les agradece su implicación, ya que conseguirlo no hubiera sido posible si los madrileños no adoptasen las medidas que se implantan en la ciudad contempladas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.
La campaña se puede ver ya en los mupis y marquesinas digitales de toda la ciudad y en las pantallas que están situadas en Callao, Fnac, El Corte Inglés y Plaza Rio. A partir de mañana, se emitirán cuñas en las radios, GIF animados en las redes sociales y anuncios publicitarios en medios de comunicación digitales. También se podrá ver en dos periódicos gratuitos que se reparten en la ciudad de Madrid, así como en vallas de metro y en soportes digitales de diferentes universidades de Madrid.
La capital de España infringió desde 2010 y hasta 2021 los umbrales de dióxido de nitrógeno (NO2) establecidos en el Valor Límite Anual de la directiva, cuyo máximo permitido fija en 40 microgramos por metro cúbico (μg/m3). En 2020 y en 2021, solo hubo una estación que rebasó este valor, plaza Elíptica; en 2022, se ha quedado por debajo del margen con 39,77 μg/m3, lo que ha permitido cumplir con la normativa comunitaria. El valor medio en las 24 estaciones se ha situado en 28,29 μg/m3, un 22,7 % menos que en 2018.
Gracias a los madrileños y a Madrid 360, en los últimos tres años, las 24 estaciones de calidad del aire repartidas por el municipio presentan los niveles de NO2 más bajos desde que se aplica la normativa comunitaria. En todas ellas, ha descendido de manera significativa desde 2018, último año de referencia incluido en la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia europeo a España por los reiterados incumplimientos de Madrid, Barcelona y Bajos del Llobregat desde 2010.
