La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha hoy el Consejo Asesor para la Seguridad del Transporte Público con el objetivo de garantizar la protección a los usuarios. El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha presidido la constitución de este órgano, en el que están representados diferentes organismos y entidades del Ejecutivo autonómico en esta materia.
Pérez ha resaltado que “lo importante es mantener la tranquilidad de los viajeros y la del personal, así como los niveles de calidad del servicio, cumpliendo con los objetivos marcados en las encuestas que se hacen periódicamente”. En este contexto, el Gobierno regional, dentro del ámbito de sus competencias, ha impulsado la creación de este organismo respondiendo a la conveniencia de contar con un espacio de participación, análisis y debate al objeto de coordinar los planes, operativos e iniciativas de manera conjunta.
“El transporte es uno de los sectores esenciales en la economía. Por ello, el aumento de la seguridad puede conllevar una reducción de costes por la disminución de accidentes, lo que será eficiente y afectará de forma positiva en la economía y bienestar general”, ha destacado Pérez.
El Consejo Asesor se reunirá trimestralmente, con carácter ordinario, así como cuantas veces sea convocado por su presidente –el propio David Perez– a iniciativa propia o, a propuesta de, al menos, una tercera parte de los vocales.
En el transcurso de la reunión, Metro de Madrid ha informado de la contratación de un nuevo servicio de seguridad para las estaciones de las 12 líneas del suburbano madrileño y la 1 de Metro Ligero, así como sus dependencias y de los trenes en circulación, actuación en la que el Gobierno regional invertirá 265 millones de euros los próximos cuatro años.
La vigilancia se desarrollará desde el comienzo de los accesos de cada parada hasta el nivel de vía: vestíbulos, pasillos, andenes, escaleras, ascensores, cocheras, incluidas las zonas de las instalaciones que tengan la entrada restringida. En los convoyes se llevará a cabo a bordo y también desde el andén, además de ofrecer soporte a la intervención y control de títulos de transporte.
Por otro lado, la empresa pública contará con servicios diurnos y nocturnos de vigilancia extra con vehículo para cualquier necesidad eventual que pueda surgir durante la prestación de los trabajos.
Percepción de la seguridad
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) realiza desde los años 90 estudios de opinión para detectar el estado y la evolución de la opinión de los usuarios respecto a la calidad de los servicios de la red pública regional. Así, en 2021, la valoración global que otorgaron los viajeros al servicio interurbano y urbano y a Metro fue de 8,03 y de 7,71, respectivamente.
La percepción de la seguridad en se refleja también a través de las reclamaciones presentadas por los clientes, que en 2021 alcanzaron la cifra de 31.000, de las que 1.252 fueron por motivos de seguridad, es decir, un 4% del total.
Además, el CRTM cuenta con el Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público, donde se supervisa en tiempo real, los 365 días del año, las veinticuatro horas del día, la explotación de todos los medios (Metro, Metro Ligero, autobuses urbanos e interurbanos, y Cercanías) que operan en la Comunidad de Madrid.
Plan de Inspección de Vehículos por Carretera
Por otra parte, la Dirección General de Transportes y Movilidad tiene entre sus competencias autorizar e inspeccionar servicios e instalaciones de vehículos por carretera, tanto de viajeros como de mercancías. Además, elabora y ejecuta el Plan de Inspección anual en esta materia con el objetivo de aumentar su eficacia.
Desde el 1 de enero al 31 de octubre, la Comunidad de Madrid ha controlado a 938 empresas para comprobar el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso. Concretamente, se han analizado 147.716 jornadas de trabajo de 4.585 profesionales, habiéndose sancionado a 177, es decir, al 18,87 del total.
Además, se ha comprobado si había o no exceso de peso en 5.785 vehículos, inspeccionado 420 con mercancías peligrosas, 479 dedicados al transporte escolar y de menores y 4.133 que trasladaban productos alimentarios.
