Los indicadores de la violencia de género experimentaron por tercer trimestre consecutivo un importante aumento respecto a 2022. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid registraron un total de 7.821 denuncias, un 12,3% más que en el mismo periodo del pasado año. Siete de cada diez de esas denuncias (el 70,78 por ciento) las presentaron las propias víctimas, que durante el tercer trimestre de 2022 fueron 7.387, un 9,2% más que un año antes.
El Informe trimestral sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial recoge también que los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia de la región madrileña adoptaron un total de 647 órdenes de protección, un 11,7 por ciento menos que el año anterior, cuando fueron 733. Ocho de cada diez sentencias (80,5 %), de total de 298 dictadas, fueron condenatorias.
Durante el tercer trimestre de 2022 el número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas volvió a experimentar un importante aumento interanual: entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se adoptaron por los órganos judiciales 127 medidas de este tipo, un 25,7 % más que hace un año. También aumentaron las medidas de suspensión de la guarda y custodia, de las que se acordaron 72, lo que supuso un 26 % más que en el tercer trimestre de 2021.
Más denuncias por partes de lesiones y atestado policial
De las 7.821 denuncias por violencia machista registradas durante el tercer trimestre de 2022, 5.536 (el 70,78 % del total) las presentaron las propias víctimas directamente en el juzgado o ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El porcentaje de denuncias presentadas por el entorno de la víctima (que sumaron 101) mostró un levísimo aumento interanual, aunque siguieron representando apenas el 1,29 por ciento del total, y el de las presentadas por terceros (259) se mantuvo en un nivel muy similar, con el 3,31 por ciento.
Tanto las derivadas de partes de lesiones recibidos en el juzgado como las derivadas de una intervención policial directa aumentaron con respecto al año anterior: las primeras, que fueron 613, representaron el 7,83 % del total. Las segundas, 1.302, el 16,64 %. En el trimestre analizado se ha cumplido algo más de un año de la aplicación del llamado “Protocolo cero” del Ministerio del Interior, que prevé la elaboración de atestado policial y valoración del riesgo de la víctima también en los casos en los que ésta no quiera formular denuncia contra su agresor.
Las mujeres víctimas de violencia machista ascendieron a 7.387, cifra que representa un aumento del 9,2 % respecto al mismo periodo de 2021, durante el que se contabilizaron 6.767. El porcentaje de mujeres víctimas de nacionalidad española se mantiene constante, con leves variaciones, desde hace años. Entre julio y septiembre, una de cada dos víctimas (55 por ciento) eran españolas.
El aumento en el número de víctimas queda reflejado en la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres registrada en toda España, que ha pasado de 18,2 en el tercer trimestre de 2021 a 19,8 de este año (1,6 puntos más).
Por encima de la media nacional se situaron Baleares (35,2), Murcia (25,8), Comunidad Valenciana (25,4), Andalucía (23,8), Canarias (23,1) y Madrid (21). Por debajo de la tasa nacional, Navarra (19,6), Cantabria (18,4), Aragón (17,8), Castilla-La Mancha (16,2), Cataluña (15,7), Extremadura (15,4), La Rioja (14,3), País Vasco (14), Galicia (13,3), Castilla y León (13) y Asturias (12,5).
Desciende el número de víctimas que no declaran contra su agresor
En el periodo analizado, 710 mujeres víctimas de violencia de género en Madrid se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar, lo que equivale a algo más de nueve de cada cien mujeres víctimas (9,6). Este dato supone un descenso del 1,3 % respecto al mismo trimestre de 2021. Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa, 302 eran españolas (4,08 por cada cien víctimas) y 408 (5,52 por cada cien víctimas) tenían otras nacionalidades.
Órdenes de protección solicitadas y concedidas
Entre los meses de julio y septiembre, se incoaron por los órganos judiciales madrileños un total de 1.536 órdenes de protección. De ellas, 1.402 fueron solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y 134 ante los juzgados de guardia. Las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia sumaron un total de 647, un 11,7 por ciento menos que en el periodo precedente de referencia.
Durante el tercer trimestre de 2022 se acordaron en total (por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia) casi una de cada dos (43,42 %) de las órdenes de protección solicitadas.
Si se analizan por separado las órdenes de protección incoadas y acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia, se observa que los primeros acordaron 565 (el 40,29 % de las 1.402 que les fueron solicitadas), mientras que los juzgados de guardia acordaron 101 (el 75,37 por ciento de las 1.911 que les fueron solicitadas).
Casi en la mitad de los casos (51,34 %), la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Este dato apenas ha sufrido variaciones respecto al mismo trimestre de 2021, en el que esa situación se dio también en la mitad de los casos.
Dos de cada tres mujeres adultas (el 57,58 %) que solicitaron protección eran españolas; por lo que respecta a las menores de edad, el 2,85 % eran españolas y el 0,34 % tenían otras nacionalidades.
Medidas judiciales penales y civiles derivadas de las órdenes de protección
Los juzgados de la región acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, un total de 1.371 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (613), que representaron el 44.71 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (567), un 41,35 por ciento.
Las medidas civiles dictadas por los órganos judiciales, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal, sumaron un total de 559. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (154), que representaron el 27,54 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (158), el 28,26 % del total.
La medida consistente en la suspensión del régimen de visitas fue la que experimentó un mayor incremento interanual en un trimestre en el que la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha cumplido más de un año desde su entrada en vigor. De julio a septiembre de 2022, los órganos judiciales acordaron 127 medidas de este tipo, un 25,74 % más que hace un año. La norma citada reformó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.
La suspensión del régimen de visitas supuso el 22,71 % del total de medidas civiles adoptadas y la suspensión de la guarda y custodia (72), el 12,88 por ciento. Esta última medida aumentó un 26 % con respecto al mismo periodo del año pasado.
El 80,5 % de las sentencias fueron condenatorias
En el tercer trimestre de 2022, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales de Madrid (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos de violencia de género se situó en el 80,5 por ciento.
El número total de sentencias dictadas durante el trimestre analizado fue de 298, de las cuales 240 fueron condenatorias y 58 (el 19,5 %), absolutorias.
