Agentes de la Policía Nacional ha inspeccionado 166 bares en un operativo policial contra la distribución ilícita de la señal de televisión de partidos de fútbol con la inspección coordinada de 166 bares en toda España. Hay 166 imputados como presuntos responsable de un delito contra la propiedad intelectual y se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido multimedia distribuido ilegalmente asciende a más de 1.000.000 de euros.
La investigación se inició en enero de 2022 a raíz de la denuncia interpuesta por La Liga contra establecimientos de hostelería de diferentes provincias españolas que estarían distribuyendo ilícitamente la señal de partidos de fútbol de equipos españoles, sin la autorización de los propietarios de dicho contenido.
En el transcurso de la investigación los agentes llevaron a cabo las comprobaciones oportunas de los establecimientos comerciales que emitían partidos de fútbol de las competiciones La Liga Santander y UEFA Champions League. Tras varias pesquisas se confirmó que 166 establecimientos de distintas ciudades españolas – Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Vigo, Las Palmas, Bilbao y Barcelona – estaban implicados en la emisión fraudulenta de los partidos de fútbol.
Con esta información se puso en marcha un macro operativo para realizar de manera coordinada la inspección de todos los establecimientos comerciales investigados durante el transcurso de una de las jornadas de la competición de fútbol de LaLiga Santander. Como resultado del mismo se desarticuló toda la infraestructura que permitía la visualización ilegal del contenido multimedia de pago, con la identificación de los responsables y el cese del servicio ilegal que prestaban.
Perjuicio económico de 1.066.386 euros
A los titulares de los establecimientos comerciales investigados, se les imputa un delito contra la propiedad intelectual como presuntos responsables de distribuir el contenido audiovisual de manera fraudulenta, ya que a través de decodificadores o micro controladores accedían de manera ilícita a contenido protegido emitido por canales codificados.
Con esto obtenían un beneficio económico fraudulento ya que ofrecían la posibilidad de ver eventos deportivos, únicamente emitidos a través de canales codificados que les hacía poseedores de un servicio extra que otros establecimientos no ofrecían. Se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido audiovisual distribuido ilegalmente asciende a 1.066.386 euros.
