El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de CCOO Madrid contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la cita a declarar en su calidad de demandada el próximo 29 de abril, a las 09:30 horas. La demanda de conciliación presentada por el sindicato reclamaba a la mandataria que se «retractara de las declaraciones de desprestigio vertidas contra los profesionales» que prestan sus servicios en los centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
En una entrevista en EsRadio el pasado 21 de diciembre, la presidenta madrileña expuso que los problemas actuales en los centros de salud, en forma de largas colas o las dificultades para acceder a la atención sanitaria en la región por parte de los ciudadanos de forma telefónica o presencia se deben, en parte, a que «no todos quieren trabajar» por la posición ideológica de los profesionales. «Pero quiero estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos… lo vamos a investigar», indicó.
«Ayuso desacreditó a este colectivo, a través de la emisora EsRadio con una audiencia de 757.000 oyentes. Sus palabras ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los y las profesionales del primer nivel asistencial de la Sanidad Pública en Madrid», exponen desde CCOO, y con éstas «dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios y usuarias. Las dudas las trasladó la presidenta de la Comunidad de Madrid a la opinión pública, en el pico de la sexta ola de la pandemia, y cuando los centros de salud estaban colapsados y desbordados por la crecida exponencial de contagios».
Las manifestaciones «no solo provocaron daño moral y mala reputación a los y las profesionales de la Atención Primaria sanitaria, sino que además tuvieron graves consecuencias que se materializaron en una concatenación de agresiones por parte de usuarios contra profesionales y medios materiales de los centros de salud, hechos que han sido documentados por CCOO para fundamentar la demanda».
«Carentes de toda verdad»
Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, “absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad”, según CCOO,» máxime cuando desde el inicio de la pandemia por la COVID-19 su propio gobierno ordenó el cierre de 37 SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) lo que dio lugar a dejar desatendida a la población en los horarios en los que los centros de salud permanecen cerrados».
Inciden en que, además, «debido a la falta de personal, se cerraron -de manera puntual- consultorios locales; en numerosos centros de salud el SERMAS activó el Plan de Contingencias que permite el funcionamiento del centro de salud, únicamente con un médico y con personal auxiliar administrativo, personal auxiliar de enfermería y enfermeras. En estos centros, sus responsables reorganizaron la atención solo para los pacientes urgentes, dejando de atender la consulta ordinaria».
En ocasiones, el Gobierno de Ayuso «decidió dejar los centros de salud sin cobertura médica siendo atendidos solo por el personal auxiliar administrativo y de enfermería». De una plantilla total de 14.788 profesionales de todas las categorías, a fecha 3 de enero de 2022 (fecha más próxima a las declaraciones), estaban de baja médica por coronavirus 465 profesionales sin sustituir, eso sin contar con las numerosas bajas laborales por contingencias comunes tales como: ansiedad, depresión, etc., de las que el SERMAS no aporta datos a los sindicatos. Además, «hay trabajadores y trabajadoras que, sin estar en situación de incapacidad temporal, son considerados de alto riesgo o altamente sensible y tienen dispensa para no acudir presencialmente a su puesto de trabajo».
Ante todo ello, CCOO pide al juzgado que la dirigente madrileña «se retracte de las declaraciones vertidas contra los y las profesionales que prestan sus servicios» en los centros de Atención Primaria y que sea en el mismo programa donde se vertieron estas declaraciones. Asimismo se pide como indemnización la cantidad simbólica de un céntimo de euro por los daños y perjuicios ocasionados.
“Lo que menos se esperan los y las profesionales de un sector que ha vivido tiempos muy difíciles durante esta crisis sanitaria, es que la máxima responsable gubernamental de una comunidad autónoma y su equipo de gobierno se dedique a pasear por distintos medios de comunicación con declaraciones que pueden atentar contra la dignidad en la esfera laboral y contra su reputación”, sentencia CCOO, por eso considera que debe existir una reparación pública.
