La Comunidad de Madrid ha iniciado acciones judiciales contra el Gobierno de España por la concesión directa de subvenciones por valor de 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos a cuatro regiones. En concreto, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, documentación de la que ha sido informado hoy el Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo autonómico entiende que se ha aprobado esta decisión «sin ningún tipo de justificación, sin darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo». A todo ello se suma que» en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales».
Con este Real Decreto recurrido, el Gobierno central reguló la concesión de subvenciones a País Vasco, Navarra, Comunidad de Valenciana y Extremadura utilizando para ello recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de la Unión Europea para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, envió una misiva el pasado 22 de octubre -que no ha obtenido respuesta a día de hoy- a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones de la concesión de 9 millones a estas comunidades «de forma aleatoria, que vulneraría el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y que utilizaría de forma presuntamente fraudulenta la reserva de crédito del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-«.
«Sin motivación ni justificación»
De esta forma, el recurso de la Comunidad de Madrid señala que el Real Decreto «carece de cualquier motivación o justificación acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia: son proyectos concretos y específicos de cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí».
Además, los proyectos «están vinculados a competencias autonómicas -fomento del empleo-, y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales salvo excepciones, como sería, por ejemplo, en el caso de tratarse de acciones de ámbito nacional o que requieran de algún tipo de coordinación».
