El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado, en su reunión de esta semana, un contrato para dar continuidad al servicio de evaluación y atención psicológica de los menores con medidas de protección de guarda o tutela que residen en la red centros de protección para este segmento de edad.
Este acuerdo, que sale a licitación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, tiene un importe de 299.280 euros y un plazo de ejecución de dos años, desde el próximo 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
El servicio, que se viene prestando desde 2018 a través de un contrato que termina el próximo 31 de diciembre, ofrece atención psicológica a los tutelados en acogimiento residencial que precisen programas terapéuticos específicos intensivos para controlar su conducta y sus emociones, cuando así lo determine la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.
Los menores que residen en estos centros de protección han pasado, en su mayoría, por múltiples carencias afectivas, psicológicas y de cuidados materiales, por lo que este servicio intenta dar respuesta a sus necesidades desarrollando un plan individualizado para cada uno.
Este plan requiere de figuras estables que permitan al niño expresar sus sentimientos, pensamientos, emociones y dificultades dentro de un espacio terapéutico que permita ofrecerles la ayuda que precisan, con sesiones que se adaptan a sus actividades y ritmos.
El contrato, en cuya adjudicación primarán los criterios de calidad evaluables automáticamente frente a la oferta económica, incluye la evaluación psicológica del menor, el tratamiento terapéutico para controlar su conducta y emociones y el asesoramiento a los equipos técnicos de los centros en los que se encuentren.
28 plazas para menores tutelados con discapacidad
El Consejo de Gobierno también ha aprobado prorrogar el contrato de gestión de dos recursos de acogimiento residencial para menores tutelados con discapacidad. El importe conjunto de estas prorrogas, que garantizarán el servicio de un total de 28 plazas durante el próximo año, asciende a 1.106.589 euros.
En ambos casos el servicio se presta en inmuebles aportados por la Comunidad de Madrid, que acogen a aquellos con retraso mental asociado a deficiencias físicas y sensoriales leves y medias y que presentan trastornos de conducta que requieren una atención especializada.
