El Pleno del Ayuntamiento de Madrid debatía hoy la concesión de un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 11,8 millones de euros a EMESA, la empresa responsable del mantenimiento y explotación de la M-30, por facturas impagadas de noviembre de 2020, entre otros conceptos. La propuesta ha resultado aprobada con el voto de calidad del alcalde, debido al empate con los votos a favor de PP y Ciudadanos, en contra de Más Madrid, PSOE y Vox y la abstención de los cuatro concejales del Grupo Mixto.
El grupo municipal de Más Madrid considera que la “pésima gestión de Calle 30 por parte del Gobierno de Almeida hace que los madrileños pierdan doblemente, por el regalo de dinero público a una empresa privada y por el desconocimiento del estado en el que se encuentran las infraestructuras de la M-30″.
En el debate, la concejala de Más Madrid Esther Gómez Morante ha manifestado que, por un lado, el Ayuntamiento de Madrid «no está haciendo las auditorías que controlan las revisiones anuales de las infraestructuras de la M-30 a las que obliga el contrato de gestión de mantenimiento y que sí se realizaron en el anterior mandato. La última auditoría vigente es la del primer semestre de 2018, y ya se apuntaba a fallos de seguridad en túneles».
“No sabemos si hay carencias de seguridad o de cualquier otro tipo pero sí sabemos que la última auditoría realizada, aún en nuestro mandato, hablaba de fallos de conservación importantes en los túneles que en estos años no se han corregido”, ha sentenciado la concejala, quien ha apostillado: “Todo esto es una aberración, son gravísimos errores de gestión por los que salimos perdiendo todos los madrileños”.
Por otra parte, el Consistorio asume todos los costes que acarrea esa falta de auditorías, porque sigue pagando una abultada factura, año tras año, a la empresa concesionaria, cumpla o no cumpla con sus obligaciones de mantenimiento de las infraestructuras. Si las auditorías descubrieran incumplimientos, el Ayuntamiento debería pagar menos a Emesa. “Estamos pagando de más a una empresa privada que además incumple continuamente el contrato que tiene con el Ayuntamiento”, ha rematado Esther Gómez.
