La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, y el concejal del grupo en materia de Movilidad, Ignacio Benito, se han reunido hoy con representantes del Cuerpo de Bomberos de Madrid Calle 30, “un servicio de emergencias encubierto” según Espinar, que pese a realizar trabajos propios y característicos de los bomberos, siguen considerados trabajadores de la construcción.
Según ha explicado Espinar tras la reunión, “tienen un convenio que les regula como obreros de la construcción pero se juegan la vida cada día atendiendo a los servicios de las emergencias de nuestra ciudad, y no podemos permitir que esto se prolongue en el tiempo”.
Llevan así 14 años, aunque en la anterior Corporación hubo un compromiso para revisar estas circunstancias, acuerdo que no se llevó a efecto. “El Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto no solo a través de la empresa con la que los contrata sino a través del propio convenio que saca el Ayuntamiento y que se incumple sistemáticamente”, apostilla Espinar.
Los trabajadores han señalado «numerosas irregularidades» que «ponen en riesgo su seguridad y la de los miles de conductores que a diario transitan la M-30». «Salen con menor dotación de la exigida (3 bomberos por vehículo en lugar de los 4 legalmente exigidos como mínimo), utilizan vehículos de emergencia no rotulados y vehículos de bomberos cuya ficha no recoge esta característica», según han explicado a los concejales socialistas.
Según este relato, durante la campaña electoral, Ciudadanos y Partido Popular se comprometieron a regularizar su situación en el sentido de reconocerles la categoría profesional conforme a la actividad que efectivamente desarrollan. Hecho que hasta la fecha sigue sin materializarse, como el llamado “principio de igualdad”, recogido en la cláusula 22 del convenio colectivo y pese al cual la empresa EMESA que gestiona este servicio carece de plan de igualdad preceptivo.
Por otra parte, la cláusula 12 de “criterios generales” de este convenio establece la creación en un plazo máximo de un mes de una comisión negociadora con el fin de revisar los grupos y las categorías profesionales del acuerdo. Han pasado dos años y no hay revisión alguna.
