Ayuso anuncia una ‘Ley de Defensa de la Autonomía Financiera’ para blindar sus bajadas de impuestos frente al Gobierno central

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid de la consulta pública relativa al Anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de presentación del primer Centro de Cloud Público de IBM en España. Díaz Ayuso ha asegurado que la nueva Ley de Defensa de Autonomía Financiera servirá para que “los ciudadanos sepan en qué se destinan sus impuestos, algo que no ha ocurrido nunca”.

«En el Consejo de Gobierno de hoy hemos dado un paso adelante para blindar nuestra política fiscal frente a cualquier intento de cambiarla y, sobre todo, ser más transparentes y constituir un nuevo derecho y es el de que los ciudadanos sepan en qué se destinan sus impuestos, algo que no ha ocurrido nunca hasta la fecha», ha indicado.

«Seguiremos simplificando trabas burocráticas, facilitando la vida de nuestros empresarios y generadores de empleo y bajando los impuestos», ha añadido. La intención del Ejecutivo autonómico es llevarla a la Asamblea de Madrid a lo largo de este mes.

La Ley de Defensa de la Autonomía Financiera «pretende evitar que el Gobierno de España pueda imponer la subida de impuestos», tal y como ha asegurado el portavoz del Gobierno de Madrid, Enrique Ossorio. «Se recogerá en ella la autonomía impositiva de las comunidades autónomas, que recoge la Constitución Española para determinados tributos», ha explicado.

Desde la Comunidad de Madrid critican que la armonización que pretende acometer el Gobierno central «no es más que una subida, que supondrá un coste adicional de 2.270 euros al año a cada familia madrileña». Para ello ponen como ejemplo que «una herencia media en Madrid pasaría de pagar 22 euros a 2.200 euros, esto es cien veces más, en el caso de que se equiparase el impuesto de Sucesiones tal y como pretende el Ministerio de Hacienda».

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