Un total de 17.976 estudiantes se han quedado sin plaza en ciclos de Grado Superior de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid. Según los datos recogidos en el 89% de los centros educativos de la Comunidad de Madrid (105 centros de un total de 118), de 32.952 solicitudes para Superior, 17.976 han sido rechazadas y sólo 14.976 han sido admitidas.
En términos porcentuales, un 54% de las solicitudes en grado superior ha sido rechazada por falta de plazas públicas, es decir, más de la mitad. Aunque estas cifras corresponden al 89% de los datos recogidos, sirven como clara indicación del porcentaje total.
Si sumamos estos 17.976 jóvenes sin plaza de grado superior a los 6.938 que se quedan sin plaza en grado medio resulta que casi 25.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en los estudios de FP que habían elegido. En el caso de grados de alta popularidad, y por tanto de creciente demanda, como Marketing y Publicidad, Estilismo y Dirección de Peluquería o Realización de Audiovisuales y Espectáculos, el porcentaje de estudiantes excluidos llega a los dos tercios (60-70%).
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, ha acusado al gobierno de Díaz Ayuso de querer “acabar con la formación profesional pública” y advierte que la falta de plazas “además de afectar al futuro de más de 17.000 jóvenes afectará también al tejido productivo de nuestra región”.
«Y lo que es más grave tras una situación de pandemia que ha revalorizado la práctica sanitaria tanto a nivel laboral como social y comunitario es la monumental falta de plazas públicas en estudios sanitarios». Aquí el porcentaje de excluidos en algunos casos supera el 90%. En Dietética, por ejemplo, el 69% de las solicitudes ha sido rechazadas; en Prótesis Dentales se quedan sin plaza pública el 78% de los estudiantes; en Laboratorio Clínico y Biomédico, el 90%.
“Es especialmente grave que en una sociedad marcada tan recientemente por una crisis sanitaria como la causada por la COVID, el sistema de educación pública no pueda dar salida a un renovado interés por la salud y los estudios sanitarios. No es de recibo, tampoco, que tras años intentando fomentar los estudios de formación profesional, el gobierno regional sea incapaz de ofrecer las plazas públicas necesarias. Tendrían que estar preparados para un aumento en la demanda. Es su trabajo», apunta Galvín.
«Una de las excusas usadas recientemente por la presidenta de la Comunidad de Madrid es la increíble novedad de este aumento de la demanda. Les ha pillado por sorpresa. ¿Cómo iban ellos a saber cuántos estudiantes echarían la matrícula antes del proceso de escolarización? Lo cierto es que este pasado curso (2020-2021) la FP ya experimentó la mayor subida de todas las enseñanzas, un 9,3% más sobre el año anterior. Quizá eso les podría haber dado una pista sobre la tendencia al alza de la Formación Profesional, y así adecuar la oferta a una demanda creciente», exponen.
«Otra excusa que escuchamos a menudo es la referida a aquellos estudios de alta empleabilidad que por diferentes motivos no despiertan tanto interés entre los jóvenes. El gobierno dice que ofrece plazas públicas que no son cubiertas, y con esos casos impugna la totalidad del sistema y justifica los recortes. Lo cierto es que ni éste ni anteriores gobiernos regionales han hecho nada para solucionar este problema cuando tendría fácil solución: mejorar la orientación a jóvenes, ofrecer incentivos con matrículas más bajas, o implementar un sistema de becas para los estudios públicos que más demande el sector productivo», añaden. «El dinero tampoco es una excusa dado que el gobierno central ha otorgado a la Comunidad de Madrid, con el único fin de fomentar la formación profesional, 23 millones de euros».
Mientras en otras comunidades, como la valenciana, se han creado 18.000 plazas nuevas, en la última década, la FP en Madrid ha perdido un 22% de las suyas. «Podría parecer que la Comunidad de Madrid es incapaz de responder a este aumento en la demanda o incapaz de gestionar los servicios públicos. La realidad es aún más triste”, subraya Galvín. “No es que no sepan, es que no quieren gestionar bien los servicios públicos, porque no les conviene. El estado de la formación profesional pública en nuestra Comunidad no es resultado de la incompetencia, sino de una estrategia muy dirigida al debilitamiento de la educación pública y la promoción de la educación privada».
