El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid para que el texto pueda ser remitido a la Asamblea de Madrid e inicie el debate previo a su entrada en vigor. Con ella el Ejecutivo regional, subraya, «garantizará un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales».
Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo de este próximo curso 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se beneficiarán de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados.
Los objetivos de la Ley educativa madrileña son, además, «garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos».
Del mismo modo, «regulará la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales». El número alumnos escolarizados en la modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos es de 5.839, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados.
Esta escolarización se «revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno». De esta manera, «se garantiza en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal», la LOMLOE ,llamada ‘Ley Celaá’.
La Administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.
Apuesta por «el esfuerzo»
La nueva Ley Maestra apostará por «el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema educativo, frente a la premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos», exponen sus promotores. Entre otras medidas, se promoverán la realización de pruebas externas «que fomenten la calidad». Además, «garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España, permitirá la segregación por sexos en las aulas e impulsará actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad».
Esta normativa asegurará también «la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño», frente a la Ley Celaá (LOMLOE) que da preferencia en la matriculación en un centro escolar a las familias que residan más cerca de dicho centro.
Defensa de la educación concertada
Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto «ha quedado excluido en la nueva Ley educativa nacional, que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación».
Con la aprobación de esta norma, la Comunidad de Madrid «se dota de la seguridad y la estabilidad necesaria para poder continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad y la equidad del sistema educativo. Así, el Ejecutivo madrileño, dentro de sus competencias, pretende garantizar los pilares de la educación regional que se ven amenazados con la entrada en vigor de la LOMLOE».
