El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid ha acordado desestimar la querella formulada por Joaquín Torra contra el miembro de la Junta Electoral Central a propuesta del partido Ciudadanos en 2017, Andrés Betancort, por conductas que, según el querellante, eran constitutivas de delitos sobre actividades y asesoramientos prohibidos a los funcionarios públicos, así como delito electoral.
En el auto de desestimación se establece que no resultan indicios de la comisión de delito por parte del querellado, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, dado que ‘no es un funcionario público que se aproveche de esa condición para formar parte de la Junta y resolver en contra de los intereses que señala el querellante’.
‘Adquiere condición de funcionario público –continúa la resolución- precisamente en el momento en el que entra a formar parte de la Junta. Y el intervenir en las decisiones del órgano colegiado es la finalidad de su inclusión en el mismo, siendo que las afirmaciones del querellante sobre la intencionalidad del querellado por tener interés personal en los asuntos sometidos a la decisión de la Junta Electoral son tan sólo opiniones sin ningún refrendo fáctico que lleve a concluir la existencia’ de la comisión de delito.
Además, el magistrado señala en su escrito que ‘la posible incompatibilidad que pudiera existir entre la condición de catedrático de la Universidad o como asesor del partido político y la participación como vocal en la Junta Electoral ha de ser examinada en el ámbito administrativo’, en lugar de en la jurisdicción penal, ante la cual se ha formulado la querella.
Esta resolución puede ser recurrida en reforma, ante el propio órgano judicial, y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
