Las ayudas sociales a familias madrileñas se concederán en prepago y podrán ser plurianuales

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el texto de la reforma de la Ordenanza de Prestaciones Económicas, que agiliza la concesión de las ayudas de servicios sociales a las familias madrileñas. El texto ha sido respaldado con el voto a favor de los grupos municipales del PP, Ciudadanos, PSOE y Vox y el único voto en contra de Más Madrid.

Test de claidad del sueño

El objetivo de la reforma de la ordenanza es, según el Ayuntamiento, «reducir la burocracia, agilizar la concesión de ayudas y, de esta manera, permitir que los equipos de servicios sociales puedan dedicar más tiempo al trabajo con los usuarios». “Con esta reforma de la ordenanza damos respuesta a las nuevas necesidades de los madrileños con espíritu reformista, porque la esencia tiene que ser el servicio a los ciudadanos en situaciones de dificultad”, ha destacado el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.

Por un lado, la nueva ordenanza favorece que las ayudas se puedan conceder en prepago, es decir, que las familias puedan recibir primero el importe y después justificar el gasto. Se trata de una fórmula que ya está establecida en la Tarjeta Familias mediante la emisión de sucesivas instrucciones. A partir de este momento el procedimiento queda fijado y se podrá aplicar a otras ayudas.

En segundo lugar, el nuevo texto permite que la fiscalización de los gastos se pueda llevar a cabo analizando solo una muestra de los justificantes y no la totalidad. De esta forma, se descarga de trabajo a los equipos de los servicios sociales, lo que no solo permitirá agilizar los trámites burocráticos, sino también dedicar más tiempo a la intervención social con los usuarios.

Por último, la nueva norma permite la plurianualidad de las ayudas. Hasta ahora, las prestaciones decaían el 31 de diciembre y debían autorizarse de nuevo a partir del 1 de enero. La aprobación de este texto permitirá que si una ayuda se ha concedido por más de un mes, no tenga que autorizarse de nuevo cada ejercicio. Así, la ordenanza se adapta a las necesidades de las familias y no a las de la administración.

Una reforma» desde el diálogo» con todos los grupos municipales

El nuevo texto se ha trabajado en el área social durante los últimos cuatro meses y se ha sometido al conocimiento de todos los grupos políticos, que han hecho diversas aportaciones recogidas en las enmiendas aprobadas. En este sentido, Aniorte ha agradecido a todos los grupos políticos dichas aportaciones y ha destacado que el diálogo “ha enriquecido” la reforma de la ordenanza, a la que ha calificado de “reforma de ciudad con vocación de permanencia”.

En este sentido, la aprobación de la reforma de la Ordenanza de Prestaciones Económicas supone dar cumplimiento al punto cuatro del Capítulo I de los Acuerdos de la Villa aprobados en julio del año pasado por unanimidad en el Pleno municipal.

Voto en contra de Más Madrid

Más Madrid ha votado en contra de la Ordenanza de Prestaciones Económicas del sistema público de Servicios Sociales porque, según denuncia, «no recoge expresamente la exigencia de que la tarjeta prepago u otras ayudas económicas similares sean realmente compatibles con la Renta Mínima de Integración y con el Ingreso Mínimo Vital, cuando las necesidades de las personas y familias no hayan sido solventadas».

«Más Madrid llevaba meses solicitando que constara expresamente en la parte dispositiva (que es la que obliga) que las ayudas incluidas en la normativa son compatibles con el IMV y la RMI (el Gobierno municipal lo ha incluido como idea en el preámbulo de la Ordenanza, en vez de en la parte dispositiva, y esto no proporciona realmente garantía alguna)», inciden.

Además, también solicitaban que las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas «no pudieran participar en la evaluación ni en la concesión de dichas prestaciones, al ser esta una labor que corresponde a los profesionales de lo social de la Administración pública». En este punto, finalmente, Más Madrid ha conseguido que desaparezca el artículo 11 bis de la Ordenanza, que hablaba de las entidades colaboradoras.

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