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La Comunidad de Madrid presenta el menor ratio de economía sumergida de toda España, con un 16,2% en relación a su PIB, es decir, siete puntos menos que la media nacional, que se sitúa en el 23,1%.
Así lo ha destacado hoy en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, que ha señalado que los factores que más inciden en la proliferación de estas actitudes son “los costes elevados del sistema impositivo, la excesiva regulación de la actividad económica y la escasa persecución del fraude fiscal”.
El consejero ha puesto sobre la mesa las principales conclusiones de diversos estudios que han abordado esta cuestión, como el reciente informe La tributación del ahorro y su incidencia en la reactivación económica desde la
perspectiva regional, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y CEIM, que sitúa a la Comunidad como la región con menor economía sumergida.
Tras el mencionado 16,2% de Madrid se sitúa el 17% de País Vasco, el 18% de Navarra y el 20,6% de Cantabria. En el otro extremo se sitúan Castilla-La Mancha, con un 27,2%, Canarias con un 26,1% y Comunidad Valenciana con el 24,8 %.
Esta menor incidencia de la economía sumergida ha supuesto, según una estimación de la Consejería de Hacienda y Función Pública, que Madrid esté recaudando 1.600 millones de euros más si el peso de la misma se equiparase al nivel de la media nacional. Durante su intervención, el consejero también ha destacado la relación directa que existe entre los bajos impuestos y la menor regulación con la incidencia en la economía sumergida.
Como ejemplo más significativo ha destacado el incremento de las donaciones declaradas desde 2006 (año en el que la Comunidad de Madrid pasó a bonificar el 99% del tributo), que alcanzaron la cifra de 4.000, frente a las 50.000 de 2019. Esta circunstancia también se reflejó en el aumento de la recaudación por este concepto, que pasó de 20 millones de euros en 2006 a 32 millones de euros en 2019.
En esta línea también se sitúan análisis como el de la Fundación para el Avance de la Libertad, que destacan que la economía sumergida es menor en las regiones con mejor puntuación en el Índice de Competitividad Fiscal; o el del Colegio General de Economistas y la Cámara de Comercio, que refleja el vínculo entre un mayor esfuerzo fiscal y la mayor intensidad económica en B.
Lucha contra el fraude
Por otro lado, el trabajo en la Comunidad de Madrid al para combatir el fraude fiscal se ha traducido en la detección de 302 millones de euros sin declarar en impuestos autonómicos a lo largo de 2019 (últimos datos disponibles), que suponen el 13,7% de los 2.212 millones de euros que recauda la Administración regional.
Esto quiere decir que por cada euro que emplea la Comunidad en luchar contra el fraude se recuperan 64,1, situándose el beneficio neto en más de 260 millones de euros. En este sentido, los técnicos de la Consejería de Hacienda y Función Pública revisan el 100% de los expedientes y documentos, más de 730.000 en 2019, un 1% más que a lo largo de 2018.
