Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro canal en Telegram >> enlace
La Comunidad de Madrid prestó atención jurídica y psicosocial a 3.851 víctimas vulnerables durante 2020, a pesar de las dificultades por estar inmersa en plena pandemia por coronavirus. El Gobierno regional ha cumplido de esta manera su compromiso con este colectivo, para evitar su revictimización cuando se ve inmerso en un proceso judicial como consecuencia del delito sufrido.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha presentado la Memoria Anual de Actuaciones Realizadas por la Red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) de la Comunidad de Madrid. López ha entregado el documento al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, y al fiscal superior, Jesús Caballero Klink.
Durante el acto, celebrado en la sede del TSJM, López ha puesto en valor la “gran labor” que realizan los profesionales de las Oficinas de Atención a Víctimas de Delitos, “especialmente con los más vulnerables, a los que las administraciones públicas deben prestar especial protección, algo con lo que está firmemente comprometida la Comunidad de Madrid”.
Sensibilizar al máximo a la comunidad judicial
Según Enrique López, la Memoria “contiene una información detallada, significativa y útil que muestra cómo desde la comunidad judicial cada vez hay mayor sensibilidad respecto al tratamiento que deben recibir las víctimas del delito, especialmente las más vulnerables”. En este sentido, ha agradecido la implicación de jueces, fiscales y personal de la administración de Justicia en su conjunto en el uso de los servicios que prestan las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito regionales.
Además, el consejero madrileño ha trasladado al conjunto de la sociedad “un mensaje claro e inequívoco sobre la necesaria protección de las víctimas del delito en el sistema judicial, como un sujeto al que hay que ayudar y asistir: trabajamos en esos objetivos en todos los frentes y con todos los medios”.
Víctimas atendidas y perfil de las mismas
De las 3.851 víctimas atendidas –todas ellas con un expediente individualizado- en 2020 por las OAVD para recibir asistencia jurídica, psicológica o social, 1.029 han sido nuevos casos. Además, la red atendió 2.486 consultas de víctimas. Otro dato destacado de la Memoria 2020 son las 336 actuaciones de seguimiento que estas oficinas han realizado con víctimas de expedientes abiertos antes de 2020.
La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha provocado que durante el año pasado las asistencias de las OAVDs se hayan desarrollado telefónicamente o por videoconferencia. Sin embargo, sí que han sido presenciales en todos los casos los acompañamientos a víctimas y testigos protegidos en juicios y actuaciones urgentes en sede judicial.
Nueve de cada diez de las 3.851 víctimas atendidas en 2020 fueron mujeres, de las cuales 191 eran también menores de edad. En cuanto a los 342 hombres asistidos, 114 no habían cumplido aún la mayoría de edad. Respecto a la tipología de delitos que han merecido asistencia, la gran mayoría corresponden a delitos contra la libertad sexual (31,20%); violencia de género (28,40%) y violencia doméstica, tanto filio parental como paterno-filial (12,4%).
Principales vías de acceso a los servicios de las OAVD
Las dos principales vías de acceso de las víctimas a los servicios de las OAVD fueron las siguientes: un 43% se produjeron a iniciativa de la propia víctima; y en un 17,3%, por remisión de la Policía Nacional, a través de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). No obstante, a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito llegaron también casos remitidos por derivación de la Fiscalía, órganos judiciales, Guardia Civil, colegios de abogados y otras entidades u organismos.
Los servicios que ofrecen las OAVD a las víctimas son los siguientes: preparación, asistencia y acompañamiento a juicio, en aquellos casos que se considere preciso; primera atención psicosocial, información y orientación sobre recursos psicosociales; derivación a otros recursos especializados cuando proceda; coordinación con otras instituciones; seguimiento e información de la situación judicial a la víctima; intervención psicológica con víctimas de delitos violentos a corto-medio plazo; e intervención social con víctimas de delitos violentos e intervención en crisis.
Además de su labor asistencial a las propias víctimas también prestan asesoramiento psicosocial a los distintos órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. Esta red de oficinas forma parte del plan de humanización de la Justicia que viene desarrollando desde hace años la Comunidad de Madrid.
Este último es un objetivo al que también están contribuyendo proyectos del Gobierno regional ya en marcha o en fase de desarrollo, como la instalación de cámaras Gesell en los juzgados para las declaraciones de las víctimas más vulnerables; el programa de acompañamiento a menores en juzgados por parte de perros entrenados específicamente, o el programa piloto de facilitadores que iniciará este año la Consejería de Justicia, Interior y Victimas, para que las personas con discapacidad intelectual y/o de desarrollo puedan ser usuarios con pleno ejercicio de sus derechos de un servicio público tan esencial como la administración de Justicia.
