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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido esta semana a las comunidades autónomas la posibildad de solicitar la declaración del Estado de Alarma en todo o en parte de su territorio y ha adelantado, además, que las solicitudes basadas en «razones sanitarias fundadas y claras» contarán, para su aprobación preceptiva en el Congreso, con el respaldo parlamentario de los grupos que apoyan al Gobierno, es decir PSOE y Unidas Podemos.
Diferentes ejecutivos regionales han recogido el guante sobre este estado de alarma parcial y han mostrado cierta disponibilidad para, en caso de creer su conveniencia, aplicarlo. Uno de estos ejecutivos es el de la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado abierto a estudiar esta propuesta de «cogobernanza».
La presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado esta semana abierta a aplicar restricciones puntuales mediante dicho Estado de Alarma, aunque ha matizado que previamente se analizaría a fondo dicha oferta del Gobierno central.
Para Ayuso «tiene que haber una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas» y no ha descartado pedir este Estado de Alarma, subrayando que «solicitaré todo aquello que haga falta si sirve para proteger la salud de los ciudadanos”, pero ha incidido en su rechazo a un «confinamiento total».
Aunque la mayoría de las comunidades no contempla solicitar esta herramienta, como el caso de la Región de Murcia, Asturias, Navarra y Baleares, otras como la de Madrid, Cataluña y Castilla y León no lo descartan y lo estudiarán.
Por otro lado, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que dicho Estado de Alarma parcial tan solo se aplicaría en casos de «máxima gravedad», existiendo «estadios intermedios» orientados a la limitación de la movilidad en aquellas zonas de la Comunidad con más incidencia acumulada de coronavirus y a atajar las concentraciones de personas, aunque, como Ayuso, ha rechazado el «confinamiento total».
Escudero ha incidido en que, desde el Gobierno regional, prefieren un «rango de restricción obligatoria» en vez de recomendación, pero están a la espera del recurso presentado por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la suspensión por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid de la nueva Orden de la Consejería de Sanidad que fue publicada el pasado miércoles, 18 de agosto, y que contenía 11 medidas con el fin de atajar el avance del coronavirus, que incluían la prohibición de fumar y consumir alcohol en los espacios públicos y el cierre total de los establecimientos de ocio nocturno: discotecas, bares de copas o salas de baile con o sin actuación.
Foto: Comunidad de Madrid.
