Las secciones sindicales de CCOO, Acaip-UGT, APFP y Csif han emitido un comunicado anunciando la puesta en cuarentena de todos los internos del módulo 1 de la prisión de Valdemoro y la suspensión de las comunicaciones vis a vis como consecuencia de haberse detectado un caso positivo por COVID-19 entre los presos de la cárcel.
Durante la tarde de ayer martes, 25 de agosto, la dirección del centro penitenciario de Madrid III Valdemoro decretó dicho confinamiento. El infectado es un interno que ingresó el 17 de agosto procedente del centro penitenciario de Madrid 2 Meco.
Se da la circunstancia que el 20 de agosto el módulo 3 de Meco fue puesto en cuarentena. El día 18 el interno pasó del módulo de ingresos al módulo 1 en cumplimiento de lo dispuesto en las órdenes de dirección.
En dicho módulo compartió celda con su hermano, también recluido en Valdemoro. El interno hizo vida normal en el módulo durante tres días hasta que el pasado 21 de agosto fue ingresado en la enfermería con síntomas compatibles con covid-19. Tres días más tarde se confirmó el positivo.
Al mismo tiempo su hermano y compañero de celda presenta los primeros síntomas, siendo ingresado igualmente en la enfermería, permaneciendo a la espera de las pruebas. Se sospecha que el interno ingresó ya con el virus en la prisión de Valdemoro, lo que evidencia que los traslados entre prisiones son una vía de contagio y que se hace necesario un periodo de cuarentena.
«Sin noticias de los test PCR»
El resto de internos del módulo 1, según el protocolo establecido por la dirección, no podrán salir del módulo, aunque sí bajar al patio en grupos. Los internos deberán guardar la distancia de seguridad y utilizar las mascarillas que les han facilitado. Igualmente se ha cerrado la imprenta, dado que todos los internos que trabajan en ese taller están alojados en el módulo 1.
«A fecha de hoy los trabajadores seguimos esperando los prometidos test PCR o estudio serológico de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto la dirección del centro ha ido llamando a algunos trabajadores que tuvieron contacto estrecho con el interno enfermo»,d enuncian los sindicatos.
«Entre las soluciones que ofrece la dirección a los empleados públicos es acudir a su médico de familia para que determine los pasos a seguir, entre los que se baraja que sean los propios funcionarios los que se costeen el precio de la prueba correspondiente», añaden.
Por tanto, «la preocupación entre todos los empleados públicos es terrorífica, dado que las posibilidades de que dicha enfermedad se extienda a otros módulos es muy alta. Por ejemplo el recluso infectado estuvo en el departamento de ingresos con varios internos que fueron repartidos a los módulos 9, 8, 6,5, 2 y 1, con lo que se teme que pueda haber infectados por toda la prisión».
«Miedo e inquietud»
A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, inciden, «la inquietud de los trabajadores es triple: miedo a ser contagiados, miedo a que se puedan producir altercados graves como ha sucedido en otros países y miedo por la falta de medios con que la que nos vemos obligados a desarrollar nuestro trabajo. Nos encontramos solos para resolver los problemas del día a día y echamos en falta el apoyo de la dirección del centro».
Por ejemplo, «las mascarillas no son obligatorias para todos los internos, con lo que aumenta considerablemente las posibilidades de contagio a los trabajadores; se sigue permitiendo fumar por todas partes, y las cuarentenas de los internos que regresan de permiso son imposibles de cumplir al permitirles la dirección realizar actividades. Algunas de estas actividades carecen de sentido, como “el coro de misa”, que obligó a poner en cuarentena a 10 internos después de conocer el ingreso hospitalario del personal de capellanía».
Igualmente, durante varios días «se acabaron los guantes de tallas grandes; no se reponen de manera suficiente en algunos departamentos; se ha restringido el uso del papel seca manos y material de limpieza; la organización del servicio es muy precaria en todos los puestos de trabajo por falta de personal, limpiando dos veces por semana puestos que se ocupan 24h/15hhoras al día; no se nos facilitan mascarillas ffp2 para evitar el contagio, la dirección sigue permitiendo que los trabajadores fichen mediante huella dactilar, etcétera».
Desde los sindicatos firmantes «queremos revindicar alto y claro, ante los máximos responsables políticos de esta institución y del Ministerio del Interior, el uso de mascarillas FFP2, por razones obvias: sí sólo se facilitan mascarillas quirúrgicas a los empleados públicos y no a los internos, estos nos pueden contagiar. En definitiva, se hace necesario un tipo de mascarillas que evite el contagio».
