- Miles de familias madrileñas «sufren la incertidumbre y angustia» por la petición que Comunidad de Madrid está realizando a los perceptores de la Renta Mínima de Inclusión (RMI) para que acrediten de manera inmediata que han solicitado el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal
- «El INSS tampoco ha puesto medios suficientes y adecuados para la solicitud del IMV», y el Colegio advierte del «peligro» de que haya familias que, «en esta maraña burocrática, queden (o pasen más meses) sin ingresos a los que tienen derecho».
El Colegio de Trabajo Social de Madrid ha alertado de la sobrecarga en los Servicios Sociales de Madrid por «la excesiva burocratización» de la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, ya señalada como «uno de los problemas de la Renta Mínima de Inclusión», y recogida también por el informe del Relator de Naciones Unidas en su visita a España.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COST Madrid) se preguntan si «¿son necesarios y proporcionales -aunque sean legales- los miles de requerimientos que se están lanzando a los/as perceptores/as y solicitantes de la RMI para que acrediten en el plazo de 10 días hábiles que han solicitado el IMV?».
También se preguntan si «¿es necesario generar esa angustia e incertidumbre en las personas que peor lo están pasando en estos momentos?» y si «¿es eficiente generar ese nivel de gestión y uso de recursos humanos tanto en los equipos de Comunidad de Madrid como en los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y Mancomunidades y, especialmente, en sus trabajadoras/es sociales para informar y acompañar estos trámites, en pleno periodo vacacional y con equipos ya saturados y desbordados en la demanda por llevar meses atendiendo los efectos sociales de la crisis del Covid?»
Desde el COST Madrid consideran que «hay otras opciones y la situación puede mejorar». «Mejorar de manera urgente la coordinación interadministrativa INSS-Comunidades Autónomas (los protocolos telemáticos previstos en el RDL del IMV[3]) para que sean las administraciones quienes lideren los tránsitos y comprobaciones pertinentes», indican.
En estos momentos, el acceso a la gestión de la IMV «no está siendo nada fácil, estando el sistema colapsado sin posibilidad de acceder al sistema de cita previa y con las dificultades existentes para tramitarlo por vía telemática. Además, lo que estaba previsto como un sistema de comunicación entre administraciones, termina como responsabilidad -salvo algunas concesiones automáticas- de las propias personas/familias que, a su vez, buscan el apoyo profesional de los Servicios Sociales o entidades para que les ayuden en estas gestiones».
El gobierno de la Comunidad de Madrid, según el Colegio, «puede legislar de manera urgente y así mostrar su compromiso con un sistema de garantía de ingresos e inclusión en nuestro territorio y responder a su vez a la nueva realidad del IMV: oportunidad para decretar en la Comunidad de Madrid un plazo único y amplio para solicitar el IMV, así como la excepción a la autorización para la cesión de datos a la Seguridad Social; garantizar que no se van a hacer suspensiones o extinciones de RMI hasta tener, en su caso, garantizado el Ingreso Mínimo Vital para que ninguna persona se pueda quedar sin ingresos económicos en dicho proceso; y comprometerse con el desarrollo de un nuevo sistema complementario de garantía de rentas que responda a la realidad de la Comunidad de Madrid, que tiene un elevado nivel de vida».
Además agradecen «la información y voluntad de coordinación de la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social con las entidades locales y demás colectivos profesionales y sociales, incluido el COTS Madrid, en todo este proceso».
No obstante, «es obvio que esta cuestión va más allá de un ámbito competencial, y requiere, en estos momentos, de un compromiso del gobierno de la Comunidad de Madrid, y también de la Asamblea de Madrid, con la coordinación administrativa, con los derechos de la ciudadanía y sobre todo con el modelo de sociedad que queramos».
«Una sociedad que se moviliza generosa ante las “colas del hambre” tras una emergencia sanitaria y social, pero, sobre todo, una sociedad que entiende que es más justa y cohesionada cuando garantiza el acceso a un nivel de vida digno (derecho humano reconocido) a través de medios también dignos, redistributivos y garantistas», concluye.
