La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación incoadas a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente el pasado 24 de marzo contra la Funeraria de Madrid por, en su opinión, negarse a dar el servicio a los fallecidos por la COVID-19.
La denuncia sostiene que los fallecidos estuvieron pagando toda su vida para tener el servicio de la funeraria a su fallecimiento. Para el Defensor del Paciente no es causa “exculpable ni suficiente para eludir su responsabilidad que se diga que hasta no tener material necesario no se dará este servicio”. De ahí que reclamara la devolución del dinero gastado a los familiares del fallecido.
La Fiscalía responde que los hechos relatados en la denuncia “no tienen tipificación penal ni tampoco relevancia jurídico penal”. Es más, le indica al Defensor del Paciente que “más bien nos encontramos ante un incumplimiento contractual propio de la Jurisdicción Civil”, en el que cada uno de los afectados deberá realizar la reclamación correspondiente, “sin olvidar aquellos casos de fuerza mayor ajenos a las partes que hagan de imposible cumplimiento temporal, o de cese temporal de las contraprestaciones”
