El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 15,9 millones de euros destinado a la concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, de acuerdo al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Se trata de una de las medidas de aportación financiera estatal adicional a este Plan Estatal cuyo crédito podrá ser incrementado, según la disponibilidad presupuestaria, hasta otros 17,3 millones de euros para ofrecer más ayudas en materia de vivienda. Finalmente, a primeros de 2021 se dotaría con otros 17,7 millones más.
En total, el gasto ascenderá a 51 millones de euros. Las comunidades autónomas son las encargadas de la gestión y tramitación burocrática de estas ayudas que podrán ser solicitadas por los afectados hasta el próximo 30 de septiembre.
Se concederán mediante adjudicación directa para el pago de la renta del alquiler a las personas arrendatarias que tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19. Entre estos supuestos se encuentran la vulnerabilidad económica y social sobrevenida y la imposibilidad de hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación contraídas por arrendatarios de vivienda habitual.
El Gobierno regional ya ha mostrado su disconformidad con la partida destinada a Madrid para este fin al considerarla insuficiente de cara a responder a las solicitudes de miles de familias madrileñas afectadas económicamente por la pandemia y de manera específica relacionada con los arrendamientos.
Se traducen en una ayuda máxima de 5.400 euros, por lo que solo se podrían conceder 2.944 ayudas en toda la región. Se trata de un nuevo paquete de ayudas que no ha sido convenientemente dimensionado ni suficientemente provisto de fondos.
