El impacto de la epidemia del COVID-19 entre los reclusos del conjunto de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) es aproximadamente 4 veces inferior al impacto en la población general.
El número total de internos con PCR positiva es de 52, lo que supone un tasa de afectación de aproximadamente 1,08 por mil internos, mientras que entre la población general esa tasa es de 4,3 por mil habitantes.
Este es uno de los datos extraídos del análisis epidemiológico preliminar realizado el pasado 27 de abril por la Subdirección General de Coordinación de la Sanidad Penitenciaria sobre los cerca de 50.000 internos en cárceles dependientes de la Administración General del Estado.
En lo relativo a la mortalidad por COVID-19, IIPP ha tenido que lamentar el fallecimiento de dos personas privadas de libertad, una interna y un interno del Centro Penitenciario Madrid VII. La tasa de mortalidad se sitúa en el 0,04 por mil internos, lo que supone aproximadamente 10 veces menos que en la población general (0,48 por mil habitantes), mientras que la tasa de hospitalización es aproximadamente 7 veces inferior a la del resto de la población.
De los 71 centros penitenciarios dependientes de IIPP, se han visto afectados 10, lo que supone que el 85 por ciento de los centros permanecen sin ningún caso diagnosticado. El mayor número de casos se ha concentrado en la Comunidad de Madrid con casi el 80% de los casos diagnosticados. La mayoría se agrupa en tres centros penitenciarios, Madrid VII (Estremera) con 26 casos, Madrid V (Soto del Real) con 13 casos y Herrera de la Mancha con 5 casos.
El cierre contra la pandemia
Días antes de que se decretase el estado de alarma, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, decidió cerrar las prisiones al exterior para proteger del COVID-19 a la población reclusa, colectivo de alto riesgo, así como a los funcionarios y resto de trabajadores de Prisiones.
El 10 de marzo comenzaron a suspenderse todas las comunicaciones no ordinarias, así como la entrada del personal no penitenciario en los centros dependientes de la Administración Central. El 15 de marzo, con la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de Alarma, se cancelaron el resto de comunicaciones así como los permisos o las salidas programadas de los internos.
Así mismo, y para paliar el cierre al exterior, se dispuso la ampliación de llamadas telefónicas a las que tienen derecho las personas privadas de libertad y se estableció la gratuidad de las mismas para aquellas que no tuvieran recursos. Posteriormente esta medida se completó con la distribución de teléfonos móviles para que los internos pudieran realizar videollamadas a sus familias o letrados.
A pesar de la dureza de las decisiones adoptadas, la población reclusa en general ha acogido las medidas con comprensión. Su inquietud frente a la COVID-19 es la misma que la del resto de la población. Además, gracias al trabajo pedagógico realizado por los equipos directivos y a la profesionalidad de los funcionarios de Vigilancia, apenas se han registrado incidentes relacionados con la pandemia. Ninguno de gravedad y ninguno de carácter violento.
Más recursos humanos y equipos de protección
A medida que avanzaba la crisis sanitaria, Instituciones Penitenciarias ha ido reforzado sus equipos sanitarios. Primero con la incorporación de 5 médicos contratados por la compañía Iberdrola, en el marco de la colaboración con Instituciones penitenciarias ante la crisis sanitaria del COVID-19. Y, ayer mismo, la llegada de otros 6 facultativos interinos a las prisiones de Daroca, La Moraleja, Murcia II, Ocaña I, Puerto II y Valencia.
Está previsto que en algo más de un mes, puedan incorporarse también los 40 facultativos del proceso selectivo publicado el pasado 25 de marzo.
En cuanto a los equipos de protección, ya se han distribuido por todos los centros penitenciarios 325.500 mascarillas quirúrgicas, 68.100 mascarillas FFP2, 2.000 FFP3, 10.000 batas o buzos, 104.000 guantes y 12.800 botes de gel hidroalcohólico.
La Unidad Militar de Emergencias y otros cuerpos del Ejercito han procedido a la desinfección de la casi totalidad de las prisiones dependientes de la Administración General del Estado.
