Demanda además protocolos claros para determinar la vuelta de residentes tras su paso por hospitales o de sus hogares en caso de necesidad familiar.
El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que se agilicen las pruebas a los trabajadores de las entidades sociales que atienden a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que precisan de las mismas para solicitar el alta.
Casado ha explicado que el procedimiento está siendo muy lento y que, aun entendiendo las dificultades, no es de recibo que, en muchos casos, haya pasado ya más de una semana desde la realización de solicitudes sin que el área sanitaria correspondiente haya contactado con los trabajadores para efectuarles las pruebas y que puedan volver a trabajar.
El presidente de Plena Inclusión Madrid recordó el extraordinario esfuerzo que se está realizando en las residencias y viviendas, recursos sociales donde la atención médica es residual, para atender a las personas con discapacidad intelectual y evitar que se propague la pandemia en las mismas.
Como en otros ámbitos –ha explicado- hemos tenido un importante número de bajas entre los profesionales que, pasadas varias semanas quieren volver a trabajar, pero se topan con la lentitud de estas pruebas.
Asimismo, consideró fundamental que también pueda realizarse esta prueba a los cientos de personas que se mantienen trabajando y que son esenciales no sólo porque lo diga un decreto, sino porque sin la encomiable labor que vienen haciendo nuestra situación sería hoy muy distinta.
Protocolos claros y adaptados a la realidad residencial de los centros de discapacidad
Por otro lado, el presidente del movimiento asociativo ha demandado a Sanidad que dé indicaciones claras y protocolos adecuados para atender a la situación actual. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que afortunadamente reciben el alta hospitalaria han de regresar a sus centros, según indican los protocolos, pero es preciso que este retorno se haga en condiciones óptimas en las que se pueda garantizar el aislamiento para evitar que se generen nuevos brotes en las mismas.
Asimismo, explicó que hay otros muchos casos en los que, por una situación familiar compleja, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, precisan regresar a su residencia o vivienda. Es preciso que también podamos tener protocolos claros y ágiles que se puedan aplicar en estos casos, todo ello con la finalidad de proteger a todo el colectivo.
Casado indicó que actualmente casi dos mil personas con discapacidad intelectual o del desarrollo están siendo atendidos de manera ejemplar por una cuarentena de entidades sociales del movimiento asociativo, todas ellas sin ánimo de lucro, y en la que un millar de trabajadores están haciendo un esfuerzo ejemplar cada día.
En este sentido destacó que se está haciendo un esfuerzo ímprobo por parte de estas organizaciones poniendo a disposición recursos humanos y materiales extraordinarios para proteger de la enfermedad a sus residentes, que debería ser reconocido de manera explícita por la Administración Pública y así lo demandaremos, pero mientras tanto, y en el día a día, necesitamos pautas y protocolos adecuados que nos ayuden y orienten en esta difícil gestión.
