El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la tramitación de emergencia de tres contratos con los que el Ejecutivo regional está dando cobertura a medidas para hacer frente al coronavirus COVID-19.
Así, se ha mejorado la seguridad laboral de los empleados públicos de la administración de Justicia, se ha reforzado la atención telefónica del organismo autónomo Madrid 112 y se ha acondicionado el Instituto de Medicina Legal como depósito provisional de cadáveres.
En conjunto, la Comunidad de Madrid ha invertido 644.000 euros en estos conceptos, siempre con el objetivo de afrontar de forma urgente la crisis sanitaria desencadenada por la propagación en España del coronavirus. El primero de los contratos responde a la necesidad de poner en marcha a principios de marzo un dispositivo complementario que diera apoyo al servicio de gestión de emergencias del organismo autónomo Madrid 112, adscrito a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
Para ello, se contrató por un importe de 324.000 euros un servicio de 90 teleoperadores que diera respuesta a la avalancha de llamadas, principalmente informativas y de consulta, relacionadas con el COVID-19. Este apoyo permitió liberar a los gestores de emergencias del 112 de las llamadas relacionadas con el virus, solución que garantizó la correcta atención del resto de emergencias por parte de estos profesionales del organismo autónomo.
Igualmente, el Gobierno regional ha aprobado también un contrato de 200.000 euros por tramitación de emergencia para afrontar los gastos derivados de la puesta en marcha y acondicionamiento como depósito de cadáveres provisional del edificio inacabado del futuro Instituto de Medicina Legal.
Esta inversión permitió dotar a esta infraestructura, ubicada en el Parque de Valdebebas de Madrid, del suministro e instalación necesarios para que pudiera entrar en servicio y afrontar el colapso en la gestión ordinaria de la sanidad mortuoria generado por la crisis del coronavirus y el exponencial aumento del número de fallecidos en la región.
Gracias a esta decisión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso a disposición de la autoridad sanitaria un edificio que, estando concebido para la realización de autopsias y depósito de cadáveres, está siendo capaz de acoger en espacios refrigerados y acondicionados, al menos, 230 restos mortales, atendiendo así las necesidades de las víctimas.
Mamparas y cintas en sedes judiciales
Por último, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un contrato por valor de 120.000 euros para dar cobertura a la compra de mamparas de protección, cintas separadoras y cartelería necesarias para garantizar la seguridad y salud de los empleados públicos de la administración de Justicia en la región.
Este material de protección se une a la adopción de medidas preventivas de protección colectiva relacionadas con el establecimiento de distancias mínimas de seguridad tanto en los accesos como en espacios de atención al público de las sedes judiciales.
Todas las medidas de prevención laboral adoptadas por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas en las sedes judiciales han respetado en todo momento las recomendaciones fijadas por la autoridad sanitaria.
