Aplazada a mayo la declaración del IVA, IRPF y Sociedades de abril de pymes y autónomos

  • Se trata de una medida aprobaba en Consejo de Ministros de la que pueden beneficiarse cerca del 95% de las pymes y autónomos.
  • El Consejo de Ministros también ha aprobado un acuerdo que permitirá desarrollar una línea de avales para facilitar el pago de alquileres a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que amplía hasta mayo los plazos de presentación y pago de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos que habitualmente se hacen en el mes de abril, con el fin de mitigar el impacto económico provocado por el coronavirus.

Test de claidad del sueño

La norma establece que quienes tengan una facturación de hasta 600.000 euros podrán aplazar hasta el 20 de mayo la presentación de la declaración trimestral del IVA y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como del IRPF.

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo, lo que incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes.

Se trata de una medida que facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la vez que permitirá inyectar liquidez en el conjunto de nuestras empresas, concretamente hasta 3.558 millones. Según cálculos de Ministerio de Hacienda, pueden beneficiarse en torno a 3,4 millones de contribuyentes, lo que supone un 95% del total de pymes y autónomos que, a su vez, componen la mayor parte del tejido productivo en nuestro país.

Asimismo, pymes y autónomos también pueden acogerse al aplazamiento del pago de impuestos, hasta 30.000 euros durante 6 meses, sin pagar intereses durante los tres primeros.

Avales para facilitar el pago del alquiler

Otra de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, para paliar los efectos de la crisis sanitaria sobre las personas vulnerables ha sido la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que le permitirá desarrollar una línea de avales dirigidos a facilitar el pago de alquileres a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. El importe máximo de estos préstamos será de 1.200 millones de euros y se calcula que podría beneficiar a 450.000 familias.

Balance de otras medidas puestas en marcha

El gobierno sigue trabajando en la línea de protección de los más damnificados por esta crisis sanitaria, económica y social, añadiendo las medidas hoy aprobadas a otras puestas en marcha recientemente, cuyos resultados se pueden empezar a conocer.

Entre ellas, destaca el incremento en el número de beneficiarios del bono social eléctrico, que supera el 1,3 millones de hogares, y del bono social térmico, al que se han incorporado 17.000 personas desde la declaración del estado de alarma. Además, 70.000 hogares se acogen al bono social, que se prorroga automáticamente, en el caso de que caduque durante esta crisis, hasta el 15 de septiembre.

Igualmente, orientada a pymes, autónomos y grandes empresas, el gobierno activó el 17 de marzo la línea de avales del ICO de la que ya se han habilitado dos tramos y se han aprobado 48.542 operaciones, que han supuesto un respaldo del Estado por valor de 4.739 millones de euros, y que está previsto que alcancen a 1,3 millones de empresas.

Por otro lado, la Seguridad Social ha registrado 941.000 solicitudes para cobrar la prestación por cese de actividad o por el descenso de un 75% de la facturación a autónomos, siendo cerca de 780.000 autónomos los que han recibido la conformidad y que recibirán la prestación.

Respecto al aplazamiento de las cuotas sociales de sus empleados, 63.766 empresas se han acogido a esta posibilidad, lo que ha afectado a más de 807.000 trabajadores y 28.619 autónomos. 396.000 autónomos y empresas han quedado exonerados de abonar las cotizaciones sociales de sus empleados que están afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), y otros 36.048 trabajadores, contagiados por el virus o en cuarentena, están recibiendo la prestación por baja por contingencias profesionales.

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