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La justicia madrileña sentencia que los repartidores de Glovo son falsos autónomos

Gacetín Madrid

La Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una sentencia en la que estima parcialmente el recurso de un repartidor de Glovo y revoca la resolución del Juzgado de lo Social que estableció que la relación que mantenía con la empresa era la de trabajador autónomo.

La Sala de lo Social del TSJ de Madrid falla que el contrato que vinculó al repartidor con la empresa Glovo tiene naturaleza jurídica laboral ordinaria o común.

Establecida que la relación laboral no es de autónomo, declara improcedente el despido del repartidor y condena a Glovo a estar y pasar por esta declaración, y a que, por tanto y a su opción, readmita inmediatamente al demandante en su puesto de trabajo en las condiciones que regían antes del despido, mas con sujeción a contrato de trabajo ordinario, o bien le indemnice en la suma de 2.416,70 euros.

Esta sentencia, aprobada por la mayoría del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, marca un camino hacia el reconocimiento de la relación laboral de todos los repartidores de plataformas digitales.

La sentencia repasa, con detalle, como ha ido evolucionando, en España, la jurisprudencia en materia de falsos autónomos desde la primera sentencia del año 1986 sobre los mensajeros.

Glovo acaba de empezar su ronda de financiación con la que pretende llegar a los 1000 millones de euros. Esta sentencia echa por tierra la idea de que una persona con un móvil y una bicicleta, que está obligado a cumplir todas las ordenes de esta plataforma, pueda ser un emprendedor-empresario.

Según el informe ‘El trabajo en las plataformas digitales de reparto’ de UGT se expone que estas empresas se «ahorran» 5.000 euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social por cada repartidor.

Además, de media, están evitando pagar a cada repartidor 6000 euros al año por no aplicar el salario del convenio colectivo de Hostelería.

«Tampoco podemos olvidar que estas empresas deben más de diez millones de euros a la Seguridad Social por las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo», denuncia el sindicato.

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