El juicio dará comienzo este lunes, 4 de octubre, a partir de las 09:30 horas, en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid (calle Julián Camarillo número 11).
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión y una multa de cien millones de euros para Jaime Botín Sanz de Sautuola García de los Ríos por un delito de contrabando de bienes culturales. En concreto, la Fiscalía se refiere al intento del acusado de sacar de España un cuadro de Picasso de forma ilegal para venderlo en una subasta en Londres.
Jaime Botín, según el escrito de acusación, era propietario de un cuadro original de Picasso llamado “Cabeza de mujer joven” y pintado en 1906, que tenía en su domicilio de Pozuelo de Alarcón. Con el fin de vender dicha obra se puso contacto con la empresa Christies, especializada en subastas y que ya había programado una ellas con la inclusión de dicha pintura para el mes de febrero de 2013 en Londres.
El personal de Christies le informó de que, dada la antigüedad de la obra, debía pedir autorización al Ministerio de Cultura español para su exportación al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español dado su evidente interés histórico-artístico y tener una antigüedad superior a cien años. De hecho, la Fiscalía recuerda que la actual legislación exige esta autorización administrativa expresa y previa del Ministerio de Cultura para la salida de España de estos bienes, incluso temporal.
Este fue el motivo por el que el 5 de diciembre de 2012 Botín autorizó “de su puño y letra” a “Christies Ibérica, S.L.” la presentación y gestión de la licencia de exportación con posibilidad de venta, como dueño de pleno dominio de la obra, ante el Ministerio de Cultura.
“Ese mismo día la citada empresa solicitó telemáticamente al Ministerio dicha solicitud de exportación definitiva, datando el cuadro en 1906, valorado en 26.200.000 euros, para su subasta en Reino Unido, declarando que el cuadro se halla en Madrid, y como aduana de salida Madrid”, añade la Fiscalía.
La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, un organismo consultivo del Ministerio de Cultura en este tipo de expedientes, propuso por unanimidad la denegación de la exportación solicitada
. Siguiendo este dictamen, el Director General de Bellas Artes dictó una resolución denegando la solicitud, que se notifica a Christies y al acusado el 27 de diciembre de 2012. Un día más tarde el Ministerio de Cultura emitió una Orden Ministerial declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta la pertinente declaración de Bien de Interés Cultural que también fue notificada a Christies y al acusado.
“Pese a ser plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa expresa –añade la Fiscalía- , en vigor desde entonces, el acusado trasladó el cuadro al yate “Adix” de su propiedad real, cuando en el mes de junio estaba atracado en el puerto de Valencia, con la finalidad de sacarlo ilícitamente de nuestro país, dando instrucciones a su capitán, Paul Frederick Goss, para que ocultara a las Autoridades la presencia de la obra en el barco”
De hecho, el Servicio Fiscal de la Guardia Civil realizó el 10 de junio de 2015 una inspección en el buque, “requiriendo al citado capitán para que hiciera una declaración de los bienes que estaban a bordo, y aquél, siguiendo las instrucciones de su patrón, y sin que conste su conocimiento de la prohibición de salida del cuadro, no incluyó en el listado esta obra de arte, aunque incluyó otras.”
En julio de 2015 el barco atracó en el puerto de Calvi (Córcega, Francia), con el cuadro a bordo, mientras el acusado contrató con la empresa “Netjets Transportes Aéreos, S.A.” la reserva de un vuelo para trasladarse con el cuadro de Calvi a Ginebra (Suiza). “A tal efecto dio previamente instrucciones al capitán del buque para que embalara y preparara el cuadro para su traslado fuera de la embarcación” subraya el escrito de acusación.
Fue entonces cuando los servicios aduaneros franceses, “al tener conocimiento de que el acusado estaba tramitando el permiso de salida del vuelo con un cuadro”, ordenaron la pertinente inspección de su interior, “localizando el cuadro embalado en la cabina del comandante, por lo que, al tener conocimiento de la falta de la preceptiva autorización administrativa para su salida de territorio español, proceden a su intervención”
En agosto de 2015 el Juzgado Instructor acordó el aseguramiento del cuadro como medida cautelar solicitando también el traslado del bien a España. Ese mismo mes la Autoridad Judicial de Bastia autorizó la entrega de la obra a los agentes de la Guardia Civil, verificándose el traslado de la obra y “quedando depositada en el Museo Nacional Reina Sofía, a disposición judicial”.
