La Comunidad de Madrid va a poner en marcha una serie de medidas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos ante «la incertidumbre política generada por la falta de Gobierno central». Lo ha anunciado el Gobierno regional, que ha incidido en que la convocatoria de elecciones nacionales alarga la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Esta situación repercute directamente a las cuentas públicas regionales para 2020, ya que se desconoce la previsión de ingresos para el próximo año, lo que dificulta la elaboración de unas nuevas cuentas públicas.
Por este motivo, la Comunidad de Madrid ha decidido retrasar la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2020, ya que la única base disponible ahora mismo para diseñar las próximas cuentas públicas es la correspondiente a 2018. Así lo ha adelantado hoy el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la Real Casa de Correos.
El objetivo que del Gobierno regional es «que los madrileños no sufran las consecuencias de la inacción y deslealtad del Gobierno de España con las comunidades autónomas por llevar más de un año sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por tener bloqueadas las entregas a cuenta y por no haber comunicado los gobiernos regionales una previsión de ingresos para 2020 para la elaboración de los presupuestos.»
Retención de casi 220 millones de euros
Además del retraso en la aprobación de los presupuestos regionales de 2020, el Consejo de Gobierno ha aprobado otras medidas de contención del gasto para poder hacer frente a la disminución de ingresos generada por el bloqueo de las entregas a cuenta, y garantizar así tanto la prestación de los servicios públicos como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad.
De esta manera, se ha aprobado la retención de 217 millones de euros con el objetivo de «priorizar las partidas de gasto social relacionadas con Sanidad, Educación y Servicios Sociales». El objetivo es «dejar de ejecutar aquel gasto que no afecta a servicios básicos para poder seguir prestando los servicios públicos de los que disfrutan los madrileños».
Además, se contemplan habilitaciones de crédito por valor de 177 millones de euros, que permitirán cubrir gasto que contabilizaba como déficit, mejorando así tanto la tesorería como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Esta medida está relacionada con dos de los compromisos recogidos en el Acuerdo de Gobierno, como son los compromisos 135 y 138, vinculados con la bajada de impuestos y el cumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria.
