- El centro de llamadas disponía de más de 50 puestos de operador para la gestión diaria ininterrumpida de cientos de llamadas fraudulentas, simulando ser intermediarios encargados de saldar deudas de morosos.
- Los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible, mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones que no tenían otro objetivo que alargar la llamada de forma innecesaria para aumentar la tarificación.
- Cada víctima sufría un timo medio de unos 1.000 euros en su factura telefónica, si bien apenas existían denuncias ya que no lo percibían como un fraude sino como un trámite legal debido a su impecable diseño y funcionamiento.
- Intervenidos más de 220.000 euros en efectivo, si bien los investigadores estiman que el beneficio económico obtenido por la organización supera los 4 millones de euros.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas –call center- desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica.
Los siete detenidos se hacían pasar por intermediarios de los ficheros de morosidad para eliminar el importe de las supuestas deudas, aunque posteriormente se quedaban el dinero y la deuda seguía existiendo. La mayor parte de las víctimas no percibía el fraude gracias a que el diseño y el funcionamiento del proceso delictivo tan impecable que aparentaba ser legal, por lo que apenas se han registrado denuncias.
Esta operación se enmarca en el Plan de Choque establecido por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional contra el fraude. Recientemente, los agentes especializados en la lucha contra las ciberestafas han llevado a cabo dos importantes operaciones que, en su total, ha permitido la detención de 69 personas.
Usaban sin autorización marcas comerciales legales
La investigación se inició a mediados del año 2016 cuando se detectó el funcionamiento de esta organización criminal. La forma de actuar consistía en utilizar diferentes páginas web que ofrecían servicios de gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los diferentes ficheros de solvencia patrimonial y crédito.
Estos servicios eran ofertados por el grupo criminal de forma supuestamente gratuita a través de las mercantiles que habían constituido, cuando realmente conducían a los usuarios a iniciar un proceso que incluía diferentes llamadas de tarificación adicional de manera fraudulenta, lo que suponía un alto perjuicio económico para las víctimas.
Las compañías que realmente gestionan los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, disponen de un servicio gratuito para que los usuarios puedan conocer qué datos obran en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito y puedan solicitar la rectificación o cancelación de los mismos.
Sin embargo, el procedimiento realizado por los detenidos consistía en utilizar números de tarificación adicional para que los usuarios contactasen con sus empresas, lucrándose económicamente por ello y sin ofrecer a las víctimas el servicio que presuntamente deberían prestar.
Las empresas de los detenidos usaban sin autorización las marcas comerciales que eran propiedad de los verdaderos gestores de los ficheros de morosidad. A continuación, confeccionaban sus páginas web para transmitir a los usuarios una apariencia de credibilidad y legalidad y simular que eran los auténticos propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial.
Llamadas de hasta 30 minutos
Para maximizar los beneficios económicos y el perjuicio de las víctimas, los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones que no tenían otro objetivo que alargar las llamadas de forma innecesaria para aumentar la tarificación. Con frecuencia, estas llamadas podían llegar a los 30 minutos, que es el tiempo máximo permitido por la ley para las llamadas a los números de tarificación adicional.
En el caso de que las víctimas se pusiesen en contacto con la compañía para solicitar información sobre los ficheros de morosidad, y no estuvieran incluidos en ninguno de ellos, los investigados siempre respondían por defecto que el usuario podría estar incluido por lo menos en dos ficheros de morosidad e indicaban que se debía llamar al número de tarificación adicional para continuar el proceso. Les decían que ese número era gratuito y subvencionado y que la duración media de la llamada sería de cinco minutos.
Sin embargo, nunca era posible terminar el proceso de consulta en una sola llamada, aunque el usuario no estuviese incluido en los ficheros de morosidad, obligándole por tanto a realizar varias llamadas sin recibir ninguna contraprestación por parte de las empresas investigadas y con un gran perjuicio económico. Los detenidos obtenían ingresos ingentes: en uno sólo de los múltiples teléfonos que utilizaban podían obtener unos beneficios superiores a los 80.000 euros.
Finalizaban la estafa apropiándose del dinero que supuestamente adeudaban las víctimas
Para darse a conocer y aumentar el número de posibles víctimas, no dudaban en realizar una campaña de addwords para posicionar sus páginas web en los primeros lugares de los buscadores. De esa manera, cuando un usuario realizaba una búsqueda en Internet para buscar información relativa a los ficheros de morosidad, en vez de aparecer en primer lugar las páginas legales, aparecían los de la compañía denunciada.
Los agentes constataron que las actividades delictivas no se limitaban a utilizar números de tarificación adicional para obtener el dinero de las víctimas, sino que, además, al finalizar el proceso telefónico remitían a la víctima un informe con el dinero que supuestamente adeudaban y que tenían que ingresar para poder salir de los ficheros de morosidad.
Ese dinero se lo quedaban los detenidos y no lo utilizaban para sacar a las víctimas de los ficheros de morosidad, por lo que las personas estafadas se quedaban sin el dinero y seguían incluidas en esos ficheros.
Usaron empresas pantalla y testaferros para evitar ser detectados
En el transcurso de la investigación se detectó que los investigados, sobre los que pesaban más de 15 requisitorias por sus actividades delictivas, empezaban a pasar a un segundo plano para evitar ser detectados y comenzaban a utilizar empresas pantalla y testaferros como cabezas visibles de sus actividades ilícitas. Además, para evadir la acción de la justicia, los dos principales investigados cambiaban frecuentemente de domicilio. Por este motivo fue bastante difícil localizarles por parte de los investigadores.
Debido al cambio continuo de empresas y cuentas bancarias utilizadas para recibir los ingresos procedentes de la estafa, de momento no es posible cuantificar con exactitud el importe del fraude investigado, aunque si se tiene en cuenta que hay miles de víctimas y que el dinero que se obtenía de cada una de ellas puede ser cercano a los 1.000 euros, el beneficio ilícito obtenido por los detenidos supera los cuatro millones de euros.
Intervenidos 220.000 euros en efectivo
Una vez obtenida toda la información, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y registraron el centro de llamadas ubicado en una localidad de Madrid.
Los policías intervinieron incautaron más de 220.000 euros en efectivo así como numerosos dispositivos electrónicos procedentes del call center desde donde atendían las llamadas con documentación relativa a la facturación y a los clientes de la empresa y documentación física. También se apoderaron de numerosos objetos de gran valor adquiridos con las ganancias de la actividad delictiva.
Plan de Choque de la Policía Nacional contra el Fraude y la Ciberestafa
Esta operación se enmarca en el Plan de Choque contra el Fraude y la Ciberestafa establecido por la Policía Nacional. Recientemente, los agentes especializados en la lucha contra las ciberestafas, pertenecientes a la Unidad Central de Ciberdelincuencia, llevaron a cabo una de las más importantes operaciones contra esa modalidad delictiva, al detener a 45 personas que conformaban un complejo entramado que habían conseguido estafar a unas 2400 víctimas.
Los investigadores identificaron 286 cuentas bancarias que eran empleadas para canalizar sus beneficios ilícitos y solicitaron el bloqueo de 39 páginas web fraudulentas, páginas que eran creadas imitando otras de empresas consolidadas y fiables y donde ofertaban artículos principalmente de electrónica y telefonía, cometiendo las estafas.
Además, en otra operación distinta se arrestó a 24 personas que conformaban una red internacional que utilizaba de forma fraudulenta tarjetas vinculadas a sistemas Wallet y NFC de apps de pago para móviles. Los detenidos se apropiaron mediante phishing de las credenciales bancarias de más de 300 perjudicados y defraudaron más de 1.000.000 de euros anuales que blanqueaban a través de compraventa de criptomonedas
