La justicia reactiva Madrid Central tras suspender la moratoria de multas de Almeida

Tanto Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Plataforma en Defensa de Madrid Central como el PSOE presentaron recursos ante la Justicia contra la moratoria de las multas en Madrid Central y solicitaron medidas cautelares «urgentes».

Madrid Central vuelve a estar en funcionamiento. El juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha atendido la petición de los grupos Ecologistas en Acción y Greenpeace y ha decretado la paralización de la moratoria de multas por acceder sin permiso que aprobó el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de PP y Ciudadanos.

Con esta decisión de la paralización de la moratoria, Madrid Central vuelve a entrar en vigor tal y como lo estaba el 30 de junio, antes de la decisión del Gobierno municipal. Ecologistas en Acción y Greenpeace habían solicitado medidas cautelares urgentes ya que, de haber esperado al procedimiento ordinario, la decisión hubiera llegado con la moratoria caducada, ya que estaba prevista que se extendiera hasta octubre.

Este recurso contencioso-administrativo fue presentado este viernes, 5 de julio, por ambas organizaciones y la Plataforma en Defensa de Madrid Central. En el indicaban que la suspensión de las multas «desactiva y priva de toda eficacia la regulación y limitación del tráfico viario en el ámbito de Madrid Central. Y la capacidad de coerción que suponen las multas es uno de los elementos mínimos para garantizar el cumplimiento de cualquier norma jurídica».

«Imaginemos qué pasaría si nos dijeran que, por deficiencias en algún trámite fiscal por ejemplo, se suspenden todas las sanciones a quien no presente sus declaraciones a Hacienda, aun estando en vigor toda la legislación fiscal (como lo está Madrid Central)», exponían, a lo que añadían que «la suspensión de facto de Madrid Central puede acarrear una importantísima sanción europea, al reactivarse el procedimiento de infracción paralizado gracias a su implantación».

«El acuerdo de la Junta de Gobierno se apoya en un artículo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, el 247, que en ningún caso da soporte a esta medida de moratoria de multas. Al contrario, reza el recurso, se trata de un mero subterfugio o excusa para suspender de facto la eficacia de las normas reguladoras de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central. Efectivamente, ese artículo se diseñó para dar un margen de tiempo a la ciudadanía para que conociese el funcionamiento de esta medida en su inicio e implantación, pero en absoluto tiene la entidad como para justificar la suspensión de las multas», incidían en su recurso.

Esta entrada en vigor de la moratoria en las multas, el pasado lunes 1 de julio, se produjo dos días después de la gran manifestación convocada por más de 70 colectivos y asociaciones  a favor de la permanencia de Madrid Central, como Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Pedalibre, la FAPA Giner de los Rios y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que congregó entre Cibeles y Callao a más de 60.000 personas según los organizadores.

El PSOE de Madrid también recurrió el jueves la moratoria

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por su portavoz Pepu Hernández, presentó este jueves un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de la calle Gran Vía contra la moratoria de las multas en Madrid Central y solicitó también medidas cautelares.

Según señalaban los socialistas, que estuvieron la semana pasada reuniéndose con diferentes instituciones y colectivos afectados por Madrid Central, la Ordenanza de Movilidad de 2018 establece que el acceso no permitido a Madrid Central deberá ser sancionado en los términos previstos en dicha norma.

La moratoria anunciada por el Gobierno municipal, «aparte de suponer un grave daño para la salud de las personas, carece de toda base jurídica, ya que en la situación actual no es posible aplicar el artículo 247 de la Ordenanza».

Para los socialistas «cualquier cambio del sistema sancionador en Madrid Central, incluida la sustitución de sanciones por avisos, requerirá modificación de la Ordenanza, que es competencia del Pleno Municipal».

El propio Hernández aseguró que “si el gobierno de la derecha abandona su idea de eliminar Madrid Central” el PSOE está dispuesto a dialogar “para mejorar el sistema”, pero “manteniendo sus señas de identidad”, porque “se ha demostrado que funciona y que es una herramienta eficaz para mejorar la calidad del aire y la salud de los madrileños y las madrileñas”.

El portavoz socialista entendía que “es toda una declaración de intenciones de las tres derechas que dirigen el Ayuntamiento” que su primera medida sea “acabar con Madrid Central” y solicita al Gobierno municipal que «escuche a las familias que le piden que no abra de nuevo el centro de la ciudad al tráfico indiscriminado».

Hernández apeló a los datos que dan la OMS y la Agencia Europea de Medio Ambiente, acerca de la muerte diaria de 14 madrileños por la contaminación y reiteraba que la reversión de Madrid Central puede acarrear un multa de varios cientos de millones de euros por parte de la Unión Europea.

«Este equipo de Gobierno realiza la moratoria con la misma seguridad jurídica con la que lo hizo el anterior ejecutivo»

“Madrid Central no se suspende ni se elimina. Solo se da una moratoria a las sanciones y se ordena una auditoría de los sistemas de grabación”. Así lo aseguró la semana pasada el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien se había encargado de ampliar detalles sobre la aprobación de esta moratoria, que iba a estar en vigor del 1 de julio al 30 de septiembre, tal y como ocurrió del 30 de noviembre de 2018 al 16 de marzo de 2019.

A juicio del equipo de Gobierno, el artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad garantiza “la fiabilidad técnica de las cámaras para identificar los vehículos correctamente y sancionarles y pretendía informar a los ciudadanos de la implantación de una normativa compleja y nueva”, ha dicho Carabante, quien ha añadido que “una de cada tres sanciones impuestas ha sido errónea. El 34% de las multas, un total de 6.600 multas, tenían un error y hubo que archivarlas. Es necesario que eso no vuelva a suceder”.

Carabante afirmó que “de siete meses de vigencia de Madrid Central, solo tres han sido con sanciones. Este equipo de Gobierno realiza la moratoria con la misma seguridad jurídica con la que lo hizo el anterior ejecutivo. No es solo un compromiso de investidura, es que es responsable hacer una auditoria de los sistemas de control. Los avisos solo llegaron a los vehículos sin etiqueta. Al 10% de la flota. Es necesario dar un periodo de aviso para que haya más información de una normativa nueva y compleja”.