El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha registrado esta mañana de martes, 18 de junio, una solicitud pidiendo a la Mesa de la cámara regional un informe jurídico sobre la votación de este órgano.
El pasado 11 de junio, y tras la toma de posesión de los diputados regionales, se votó la composición de la Mesa de la Asamblea de Madrid, órgano en el que Más Madrid se quedó sin representación pero Vox si la obtuvo, cuando el primero casi dobla en escaños al segundo.
Ante ello, el vicepresidente segundo de la Mesa, Diego Cruz, y la secretaria segunda, Nani Moya, ambos socialistas, han registrado una solicitud de informe jurídico sobre la votación de la Mesa. «No había sucedido nunca que se excluyera a un grupo y menos por la incorporación de otro con menos votos. Puede haber una vulneración de derechos», han incidido desde el PSOE.
En este escrito, al que ha tenido acceso Gacetín Madrid, los socialistas exponen que «caben dudas sobre la proporcionalidad del resultado de la votación en relación con la composición de los grupos tal y como requiere el Estatuto de Autonomía».
«Es obvio que la reducción de la representatividad de una Asamblea de 132 miembros a una Mesa de 7 provoca alteraciones en la proporcionalidad. Ello podría justificar pequeñas variaciones en la proporcionalidad como el incremento de representatividad del Grupo Popular o del Grupo Ciudadanos», añaden.
«Lo que posiblemente resulta contrario a la lógica proporcional es el excesivo margen de distorsión entre la participación de los grupos Parlamentarios Más Madrid y Vox en función de su representatividad en la Mesa respecto del Pleno», expone el documento.
Para el PSOE la proporción representativa del Grupo Vox en la Mesa «tiene mejor correlato con la participación de Mas Madrid en el Pleno que con la suya propia». Por ello, «el resultado»podría ser incompatible con el articulo 12.2.c) del Estatuto de Autonomía».
Continúan exponiendo que «es pública y notoria la voluntad del Grupo Más Madrid de impugnar la votación, con lo que la posible concesión de amparo en un momento posterior de la Legislatura alteraría el curso político de la misma, y con ello, la estabilidad política y la seguridad jurídica».
