La Comunidad renueva 344 plazas de atención a mayores dependientes en la ciudad de Madrid

La Comunidad de Madrid dedicará 10 millones de euros para la atención de personas mayores dependientes, concretamente, para asegurar el mantenimiento de 344 plazas, tanto residenciales como en centros de día, situadas en Madrid capital.

Para ello, el Gobierno regional ha autorizado la prórroga de dos contratos y ha dado luz verde a la celebración de un contrato de gestión, que garantizan la atención que se presta a los mayores en diferentes centros.

Por un lado, se han prorrogado dos contratos que garantizan el mantenimiento de 314 plazas residenciales hasta diciembre de 2020, por un importe de 9.131.861 millones de euros.

Los usuarios atendidos con cargo a este contrato son personas de ambos sexos, mayores de 60 años, que se encuentran afectados de procesos psico-geriátricos crónicos, acompañados de graves trastornos de conducta, de difícil manejo, que requieren atención y seguimiento personal especializado. También son usuarios personas afectadas de alzheimer a partir de los 55 años.

Los contratos se han adjudicado a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (complejo residencial Benito Menni), que gestionan 145 plazas residenciales; y a la Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios, que  se encarga de la gestión de 169 plazas residenciales.

Por otra parte, el Ejecutivo regional ha dado el visto bueno a la celebración de un contrato para la gestión de 30 plazas de atención a personas mayores dependientes en el centro de día Don Ramón de la Cruz, en Madrid, por un importe de 903.818 euros y un plazo de ejecución de tres años.

Madrid es la región europea con la esperanza de vida más longeva de Europa, 87,8 años para las mujeres y 82,2 años para los hombres, y aquí viven cerca de 1,2 millones de habitantes de más de 65 años.

Por ello, la Comunidad de Madrid promueve medidas enfocadas al envejecimiento activo y a la prevención de situaciones de dependencia; la atención a personas mayores autónomas en dificultad social; la elaboración de un catálogo de servicios y prestaciones para personas en situación de dependencia; la coordinación socio-sanitaria en el ámbito de la atención a la dependencia y al mayor; y una organización integrada e innovadora en la prestación de servicios públicos.

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