La candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha asegurado que si llega al gobierno iniciará un “procedimiento judicial para revertir la mala venta” de las viviendas del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs-Azora que tuvo lugar en 2013 y que dejó a casi 3.000 familias madrileñas en una situación de enorme vulnerabilidad. Lo ha hecho en una reunión con un grupo de estos hogares y con el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, que ha tenido lugar en la sede de la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas.
Tras escuchar, de boca de varios afectados, «el calvario que padecen las familias desde que el Gobierno regional se desprendió de sus viviendas», la cabeza de lista de Unidas Podemos-IU-Madrid En Pie no solo se comprometió a revertir el proceso de enajenación de los inmuebles sino a aplicar, si es necesario, “una competencia que tienen las comunidades autónomas que es la expropiación en uso”.
“Si la Comunidad quiere, puede poner (las viviendas) en régimen de alquiler social y eso es una competencia que tiene. Y además, para nosotros es fundamental que haya una alternativa de vivienda en caso que tengan que ser desalojados”, aclaró Serra.
Durante el encuentro, tanto el presidente de la FRAVM comolos portavoces de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), relataron «las presiones a las que a diario somete Encasa Cibeles a muchas familias con el fin de que abandonen sus pisos y pueda venderlos o alquilarlos a un precio muy superior al actual».
Propiedad de Goldman Sachs-Azora, Encasa Cibeles es la sociedad que se encarga de la gestión de las 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA que el Gobierno regional vendió en 2013, en una operación “trufada de irregularidades”, tal y como lo calificó en su día la fiscalía del proceso penal del caso.
«El compromiso de Isabel Serra ha abierto una nueva ventana de esperanza para AVVI y las familias afectadas, muchas de las cuales se han visto obligadas en estos años a abandonar sus pisos al ver como empeoraban sus condiciones de vida tras perder sus derechos como moradores de vivienda pública», han incidido.
