La asociación considera que la obligación previa del abono de matrícula en centros privados y el desfase temporal con el procedimiento de solicitud y admisión en centros públicos podrían resultar abusivos.
FACUA ha rechazado la Orden que regula las becas para los centros privados autorizados de educación infantil de la Comunidad de Madrid para el curso 2019/2020 por «incluir requisitos que podrían llegar a resultar abusivos para las familias, como el pago de una matrícula sin límite de precio y que no es reembolsable en cualquier caso o el desfase temporal con el procedimiento de solicitud y admisión en los centros de titularidad pública, lo que en la práctica obliga a las familias a participar en ambos procesos con un perjuicio económico considerable, entre otras cuestiones».
La asociación ha enviado un escrito a la Consejería de Educación en el que reclama que se reformule el propio sistema desarrollado por la Comunidad de Madrid para ayudar a las familias a escolarizar a los niños de entre cero y tres años, de tal manera que «se apueste decididamente por el sistema público y que garantice una educación accesible, integral e igualitaria, frente a un sistema de becas excluyente y subordinado a la oferta privada de plazas como el que defiende en la actualidad el Ejecutivo liderado por el presidente Ángel Garrido».
FACUA Madrid recuerda que la Comunidad es la región española donde la iniciativa privada tiene mayor peso en la franja educativa de cero a tres años. Tan sólo un 48,7% de los centros son de titularidad pública, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2018, muy por debajo de la media nacional, que sitúa en un 63% los alumnos y centros públicos para esta etapa educativa.
La asociación recuerda que, aun tratándose de un ciclo formativo no obligatorio, es recomendable que el menor acceda a una temprana escolarización, tanto para garantizar la conciliación entre la vida familiar y laboral de los progenitores como para favorecer un mejor desarrollo cognitivo y emocional de los menores.
Así lo recogen en diferentes documentos de organismos internacionales especializados, así como también la propia Comunidad de Madrid, que en su informe sobre resultados de las pruebas externas en Primaria y Secundaria destaca como una de sus principales conclusiones que el alumnado que ha estado escolarizado en el primer ciclo de infantil tiene mejores resultados.
«Resulta paradójico que, pese a estas conclusiones del Gobierno regional, no se facilite el acceso a la escolarización a los menores de familias con mayor dificultad para hacerlo a través de plazas públicas y tan sólo se ofrezca como ayuda una beca con un porcentaje que puede llegar a ser mínimo en relación al coste total de la tarifa mensual del centro infantil», exponen.
Requisitos obligatorios: matrícula abusiva y situación económica desfasada
En su escrito, FACUA Madrid considera que el principal requisito para solicitar la conocida como beca guardería, «la matriculación previa en un centro privado, podría resultar abusivo tal y como está formulado en la actualidad: esto es, sin límite de importe por matrícula ni posibilidad de recuperar el pago en el caso de que finalmente el menor no acuda a dicho centro».
Añaden que «el principal problema surge por el desfase temporal existente con los plazos de solicitud y admisión en los centros infantiles de titularidad pública. Así, la Orden obliga a la matriculación con fecha anterior al 9 de abril, mientras que la solicitud y admisión en centros públicos no tiene lugar hasta junio, con lo cual, en la práctica, se obliga a las familias a reservar una plaza en un centro privado sin saber si realmente terminará utilizando dicha plaza, sin límite de precio y sin posibilidad de devolución».
«La falta de previsión y coordinación entre ambos plazos favorece a los centros privados, que captan y facturan matriculaciones en detrimento de las economías de las familias, que se ven obligadas a hacer un desembolso en ocasiones excesivo para sus presupuestos que no podrán recuperar en el caso de poder acceder a una plaza en un centro público», denuncian.
Por este motivo, FACUA Madrid insta a Educación a «coordinar junto con las administraciones locales responsables de los centros de titularidad pública los calendarios de solicitudes de tal manera que no se produzca un perjuicio económico a las familias que buscan escolarizar a sus hijos».
Por otro lado, en cuanto a las matrículas abonadas, la asociación reclama a Educación que «las escuelas privadas autorizadas introduzcan en sus contratos de reserva de plaza la obligatoria devolución del importe abonado en concepto de reserva siempre que la plaza finalmente quede cubierta por otro alumno».
Asimismo, FACUA Madrid considera que el sistema utilizado para valorar el nivel de renta de las familias «está desfasado y no ofrece información real sobre su situación económica, dado que se cotejan datos de dos ejercicios anteriores (esto es, para el curso 2019/2020 se utiliza la situación económica de 2017) y la situación laboral del momento de la solicitud de la beca, cuando en realidad la ayuda se aplicará meses después».
«Las familias con un menor de cero a tres años viven una realidad cambiante no sólo por el propio carácter cambiante del mercado laboral actual, sino porque precisamente la llegada del nuevo miembro a la unidad familiar puede provocar situaciones como reducciones de jornada laboral, empleos a tiempo parcial o incluso excedencias y el motivo de solicitar la beca es justamente poder volver a una mayor dedicación a sus trabajos», inciden.
Esta exigencia es «especialmente problemática para las familias que tienen a alguno de sus progenitores en situación de desempleo en el momento de solicitar la beca: en estos casos, en la práctica, quedan sin acceso a ellas, y sin embargo, les puede llegar a resultar imprescindible la ayuda para financiar la plaza en un centro de educación infantil y poder tener así mayor posibilidad de acudir a entrevistas de trabajo y tener una actitud más activa en la búsqueda de empleo».
Abono de la ayuda sin suficiente control
FACUA Madrid considera también «imprescindible que Educación reformule el sistema de pagos de las ayudas una vez que son concedidas, dado que en la actualidad, aunque se le concede a las familias, son abonadas directamente a los centro»s. Sin embargo, en el caso de producirse cualquier cambio en la escolaridad del menor (un cambio a un centro infantil de titularidad pública, por ejemplo),» se hace responsable a la familia de su comunicación».
La asociación considera que «es necesario un mayor control de la Administración en este sentido, dado que las familias pueden desentenderse de manera involuntaria de la comunicación de dichos cambios, algo que puede llegar a provocar que los centros privados sigan percibiendo las ayudas en nombre de menores que ya no están escolarizados en ellos».
