La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado que «se sigan depurando responsabilidades en el despilfarro que supuso para las arcas de la Comunidad de Madrid la fallida Ciudad de la Justicia», una vez se ha conocido que el exconsejero del Gobierno regional Alfredo Prada y otros tres cargos técnicos de la sociedad pública tendrán que declarar como imputados en la causa por las presuntas irregularidades que se cometieron en el desarrollo del proyecto.
A medida que se van conociendo nuevos datos sobre el dinero público que se dilapidó en este proyecto fallido, CSIF tiene más claro que «si se hubiese invertido ese montante en la mejora de la Justicia de la Comunidad, tanto en infraestructuras (oficinas judiciales, registros, instituto forense, etc) como en paliar el déficit de personal que se arrastra desde la crisis, se habría acabado de golpe con muchas de las deficiencias actuales».
Desde CSIF consideran que, si se demuestran los hechos por los que están siendo investigados estos exresponsables del Gobierno autonómico, «la ley debería caer contra ellos con toda su contundencia». CSIF «ha criticado desde el principio el despilfarro que supuso el proyecto de Ciudad de la Justicia, que además se inició sin consultar a los trabajadores».
«Hoy estamos pagando las consecuencias y aún tardaremos años en recuperarnos de un despilfarro que lamentablemente hemos pagado todos los madrileños y que ha afectado negativamente al servicio público que prestamos en la Comunidad de Madrid», ha subrayado Juan José Carral, responsable de CSIF Justicia Madrid.
