La falta de criminólogos en el futuro Instituto de Medicina Legal «hurta a la Justicia, y a la postre a los ciudadanos, de la valía de unos profesionales brillantes en resolución de casos y alivio de víctimas».
La Comunidad de Madrid ha firmado esta semana con los sindicatos UGT, CSIF y STAJ la puesta en marcha, por fin tras el fallido y costoso Campus de la Justicia, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de la región, un órgano que, en palabras de la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, trabajará “con criterios técnicos y científicos al servicio de la Administración de Justicia” y que lo hará “con una mayor coordinación, integrando a todos los profesionales de esta Área, desde forenses hasta psicólogos y trabajadores sociales”.
Lamentablemente, a pesar de la afirmación, no reunirá, como decía la consejera, a todos los profesionales del Área. Habrá 161 médicos forenses, 70 psicólogos y 65 trabajadores sociales y hasta llegar a 380 empleados públicos de distinto perfil administrativo. Y 0 criminólogos.
«Una vez más olvidan y expulsan a los criminólogos de la Administración Pública cuando son los profesionales más formados y capacitados para muchas de las funciones de un Instituto de Medicina Legal», denuncian desde el Colegio de Criminólogos de Madrid.
«Como deberían conocer nuestras autoridades, la funciones regladas de los criminólogos, entre muchas otros, son la de asesorar en la elaboración e interpretación de los informes forenses y elaborar informes propios complementarios para suministrar al juez los elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles y el tipo de respuesta aplicable. Una de las Áreas fundamentales de nuestra formación en la Medicina Legal», indican desde el Colegio.
Continúa el Gobierno regional en su nota de prensa aseverando que este nuevo órgano permitirá el ejercicio de todas las especialidades forenses dentro de la Administración con un nuevo modelo que “favorece que los trabajos los realicen los profesionales especializados según cada caso, lo que permitirá optimizar y repartir las cargas de trabajo de la manera más eficiente”.
Desde el Colegio muestran su tristeza por que «nuestros gobernantes y sindicatos no pueden hacer posible sus propios compromisos. Si los sindicatos firmantes y la Comunidad hubieran querido de verdad cada trabajo en el Instituto de Medicina Legal los lleve cabo cada profesional especializado deberían introducir a muchos criminólogos sin perjuicio, faltaría más, de los otros profesionales necesario como psicólogos, médicos y educadores sociales, entre otros».
«Y no será en esta ocasión porque no nos conocen. Aunque el Colegio Profesional de Criminólogos de Madrid (CPCM) solo llega un año trabajando, ya hemos mantenido varias conversaciones y reuniones con diferentes cargos de la Comunidad de Madrid. Por ello nuestra desazón y es aún mayor», añaden.
Al Colegio «le apena y le disgusta esta nueva oportunidad perdida para lograr un Instituto de Medicina Legal del siglo XXI no solo porque, una vez más, no va a contar con criminólogos, como sí lo hacen en el resto de Europa, sino porque se hurta a la Justicia y, en último término, a los ciudadanos, de la formación, valía y destrezas de cientos de jóvenes brillantes que desde hace más de una década se han graduado en nuestras universidades y que están deseando aportar sus conocimientos a la resolución de casos y al alivio de las víctimas».
Varias universidades públicas dependientes de la Comunidad de Madrid ofrecen desde hace años grados y postgrados en Criminología. También existen en la región otras cuentas de titularidad privada que ofrecen estos estudios e incluso esta misma semana el Ejecutivo autonómico aprobó la creación de otras tres universidades privadas y al menos una de ellas ofrecerá este grado. «Entonces, ¿por qué la Comunidad ampara y financia estos estudios cuando luego hurta a los graduados de poder ejercer su profesión en la Administración?», se preguntan.
«Pese al golpe, el Colegio de Criminólogos de Madrid va a seguir trabajando con la mano tendida para estar presentes donde nos corresponde. Ya estamos en la lista de Peritos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hemos interpuesto recurso para estar trabajando en Instituciones Penitenciarias. Trabajaremos en las cárceles como también trabajaremos en el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid», concluyen en su comunicado.
