“Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se de carpetazo a nuestra querella”. Con esta consigna, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), con el apoyo de la FRAVM, convoca una concentración de protesta para este martes, 8 de enero, contra la petición de la Fiscalía de archivo de su causa penal.
Después de cinco años de pelea para que se haga justicia y se reconozcan sus derechos como moradores de unas viviendas que en su día fueron públicas y protegidas, las casi 3.000 familias afectadas no están dispuestas a que su caso se cierre en falso.
Por ello, días después de conocer el cambio de criterio del Ministerio Público en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se manifestarán este martes para rogar al juez que continúe su investigación hasta las últimas consecuencias. La concentración comenzará a las 10:30 horas ante el edificio de los Juzgados de Plaza Castilla.
La asociación de damnificados no entiende «a qué se debe el repentino cambio de postura» de la Fiscalía Provincial, que ahora considera que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos” cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo “trufado de irregularidades”.
En 2013, cuando se produjo la operación de venta de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs, se encontraba al frente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, político del PP que ha llegado a estar en prisión por su participación en la trama de corrupción del caso Lezo.
En estos momentos, los abogados de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) esperan la llegada del escrito de la Fiscalía que pide el archivo del caso penal para estudiar las posibilidades de recurrirlo.
Al margen de esta causa, siguen abiertos cinco procesos contencioso-administrativos sobre la operación de venta. Pero los damnificados saben que este tipo de vía legal es más larga y lenta aún que la vía penal, por lo que insisten en reclamar al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que no de carpetazo a un proceso en el que han depositado enormes esperanzas. “Queremos justicia”, claman.
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