- Los grupos municipales del PP en la región presentarán una moción para exigir la paralización de Madrid Central y el retraso de la puesta en marcha de la ordenanza de movilidad.
- Exigen que el protocolo anticontaminación no entre en vigor hasta que no se haya consensuado con la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado, así como con todos los municipios y los sectores sociales afectados.
- A través de esta iniciativa se plantea estudiar las acciones legales necesarias para salvaguardar los derechos de los vecinos frente a las restricciones del Gobierno de Ahora Madrid.
El PP de la Comunidad de Madrid presentará en todos los ayuntamientos de la región, a través de sus grupos municipales, una moción para reprobar la política de movilidad del Gobierno de Manuela Carmena porque “perjudica gravemente los derechos de los ciudadanos, entorpece su vida diaria, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo”.
Además, «se trata de una ordenanza que no ofrece soluciones ni alternativas pero sin embargo si provocará más atascos y mayor contaminación», denuncian.
Para el Partido Popular de Madrid, la movilidad «es una necesidad y las administraciones públicas deben garantizarla y no someterla a decisiones arbitrarias, irresponsables y perjudiciales”
La iniciativa popular exige al Gobierno de Ahora Madrid la suspensión de la entrada en vigor de “Madrid Central”, como también lo ha solicitado el Grupo parlamentario popular de la Asamblea de Madrid a través de una PNL. La organización popular pide también el retraso en la puesta en marcha de la nueva ordenanza de movilidad. Además, consideran que se deben de ampliar los plazos e informar «más adecuadamente a los ciudadanos para que puedan adaptarse a la misma».
Asimismo, se solicita que el protocolo anticontaminación se consensue con la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado, los municipios de la corona metropolitana y los sectores más afectados por los cortes de tráfico. En este sentido, exigen «un compromiso por parte del Ayuntamiento para que refuerce y facilite el acceso al transporte público que depende de él cuando se pongan en marcha fuertes medidas restrictivas anticontaminación de última hora».
El PP estudiará también las acciones legales que sean necesarias «para salvaguardar los derechos de los vecinos frente a las restricciones de Carmena porque perjudica a los que menos posibilidades tienen y les obliga a modificar toda su organización vital sin que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho el más mínimo esfuerzo por mejorar o ampliar las alternativas de transporte público y, mucho menos, por potenciar otras políticas medioambientales”.
La organización popular someterá a consideración la política de movilidad del gobierno municipal de Ahora Madrid porque «responde a prejuicios ideológicos en lugar de basarse en análisis rigurosos, así como por estar basada en la improvisación, en la prohibición y porque impide el ejercicio de la libertad».
