El jueves pasado, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, proclamaba con luz y taquígrafos que el pago a los profesores interinos con siete meses trabajados estaba asegurado, tal como dicta el Acuerdo Sectorial de Educación. Sin embargo, según denuncia CCOO, «muchos profesores y profesoras están recibiendo en sus correos electrónicos una comunicación de la Consejería de Hacienda que explica lo contrario».
La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denunció «el cúmulo de falsedades vertidas el pasado jueves por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que -a juicio de su secretaria general, Isabel Galvín- en el asunto de los funcionarios interinos puede calificarse de desfachatez. Ya que al día siguiente nos comunicaron que Hacienda decía que no había dinero y limitaron el número de profesores y profesoras que cobraría el verano mediante una triquiñuela administrativa».
Galvín aclara que «la diferenciación del cese del 30 de junio a interinos e interinas no figuraba en el Acuerdo Sectorial con el que se comprometió el Gobierno de Garrido», y se pregunta: «¿Qué sucede si han acumulado los siete meses al principio del curso? Te tienen que pagar el verano». Ante esta situación, asegura que “desde Comisiones Obreras vamos hemos iniciado una campaña jurídica y de reclamaciones para que el Ejecutivo del PP cumpla con lo prometido”.
En este escenario, la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid recuerda que «el Tribunal Supremo ha estimado el recurso planteado por 74 docentes interinos no universitarios de Murcia y considera ilegal que estos profesores y profesoras, que firman sus contratos en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar sean cesados el 30 de junio y no se les pague los meses de julio y agosto. Así mismo, recuerda que hay ya otras sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».
Con todo, desde CCOO se exige «el reconocimiento económico y administrativo de los meses de julio y agosto para el profesorado interino con nombramiento o nombramientos superiores a nueve meses, tal como está reflejado en el artículo 19 del Acuerdo Sectorial» y que “el Gobierno de la región quiere convertir en papel mojado”.
