La convocatoria que abrió Correos formalmente el pasado 26 de junio, de 2.295 plazas de personal laboral fijo en toda España, resulta para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) «positiva pero insuficiente, además de que llega con dos años de retraso».
En este sentido, llama la atención que para Madrid la convocatoria sólo incluya 34 plazas de reparto a pie, cuando «en la capital hay 54 carterías, correspondientes a cada uno de los códigos postales que hay en la capital». Para CSIF, estas 34 plazas son «claramente insuficientes, más teniendo en cuenta que hay distritos de la Comunidad de Madrid en los que hay más secciones de reparto que carteros para repartir».
La oferta de Correos en Madrid se distribuye así: 140 plazas de reparto a moto; 85 de agente de clasificación a tiempo completo (58 a tiempo parcial); y atención al cliente a tiempo completo, 75 (a tiempo parcial, 36). El plazo de inscripción se abrió el pasado martes 26 de junio y finaliza el próximo 4 de julio. En total, 428 de las 2.295 plazas corresponden a la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la oferta nacional, para CSIF es «a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades reales de una sociedad estatal como Correos. De hecho, la convocatoria de otras 1.869 plazas, aprobada en diciembre de 2017, ni tan siquiera se ha iniciado seis meses después».
Para CSIF, «es urgente acabar con unos porcentajes del 35% de temporalidad que, a día de hoy, dinamitan el empleo de calidad». Este sindicato advierte, asimismo, de que «es esencial que el Gobierno tome medidas contra los recortes y la precariedad laboral en esta empresa pública, que en los últimos ocho años ha perdido más de 15.000 empleos».
Además, en Correos, el Convenio «está bloqueado desde 2013, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados alcanza los 300 euros mensuales y, a día de hoy, no existe ningún Plan Estratégico que garantice la viabilidad de una empresa con más de 300 años de historia».
CSIF cree fundamental, asimismo, que el Gobierno «tome medidas urgentes ante la situación de Correos, la primera empresa pública del país, que se acentúa con los PGE, ya que permiten un recorte brutal de 60 millones de euros en la financiación del Servicio Postal Universal, que pasa de 180 millones a 120 millones. Se pone así en riesgo su objetivo de llegar a todos los rincones de España, tal y como es su deber, los 365 días del año».
