Una media de 17 mujeres al día presentan una denuncia por violencia de género en Madrid

  • No obstante, disminuyen las denuncias (6.431) en un 0,5% y las mujeres víctimas de violencia sobre la mujer (6.009) son también un 0,8% menos.
  • Desciende en tres puntos las denuncias presentadas por la propia víctima y aumenta un dos por ciento la concesión de órdenes de protección.
  • La presidenta del Observatorio resalta el incremento de las condenas y de las medidas de protección a mujeres y menores y confía en los efectos positivos de las medidas del Pacto de Estado.

Un total de 6.009 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid en las 6.431 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la región durante el primer trimestre de 2018, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ.

Las denuncias presentadas suponen una disminución del 0,5% con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 6.467. Asimismo disminuyó en un 0,8% el número de mujeres víctimas de violencia de género, ya que en el primer trimestre de 2017 fue de 6.057.

En el primer trimestre de 2018, de las víctimas, 3.463 mujeres eran españolas (un 57,6%) y 2.546, extranjeras (un 42,3%).

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 15,89, las comunidades de la Región de Murcia, con una ratio de 21,90, Baleares, con ratio de 21,76 y la Comunidad Valenciana y Canarias con tasas ligeramente superiores a 20, mientras que la ratio más baja se dio en Galicia, con 9,60, seguida de Castilla y León, con 9,82, Extremadura, con 10,29 y La Rioja, con 10,89. Madrid tiene una ratio de 17,52.

Desciende ligeramente el número de denuncias presentadas por la propia víctima

Algo más de un 72% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un descenso de tres puntos sobre el porcentaje observado en el primer trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16,26% de los casos –dato levemente inferior al año anterior (16,8%)- constatándose también un descenso en las denuncias presentadas por familiares, que se situaron en un 1,02% del total, frente al 1,19% de 2017. Un 4,1% de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 4,8% a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

Víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar

En 726 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 12,8% del número de mujeres víctimas, cifra inferior al año anterior, que fue de un 14,07%.

En 389 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 337 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres españolas que en las extranjeras.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más solicitudes y más concesiones de órdenes de protección

Durante el primer trimestre del año se solicitaron 1.548 órdenes de protección en los órganos judiciales, aumentando así la cifra de 1.503 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Un total de 1.400 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone un aumento del dos por ciento respecto al primer trimestre de 2017, en que se solicitaron 1.372 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 57 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (798 adoptadas frente a 1.400 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un incremento de un punto y medio respecto al dato del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 55,5 por ciento de las órdenes de protección solicitadas.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 757 (un 54 %) correspondieron a mujeres españolas y 616, a extranjeras. 27 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 2 % del total.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (148), se acordaron 110, un 74,32 por ciento. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 98 fueron españolas, 46 extranjeras y cuatro menores de edad.

Medidas judiciales civiles y penales de protección

Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el primer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 579 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género.

De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (193) y de prestación de alimentos (221). En 24 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 23 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 1.877, de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 794 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 630 casos. Se adoptaron asimismo 22 medidas privativas de libertad.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, y de manera notoria las órdenes de protección concedidas, que llegan casi al 69 por ciento del total de órdenes solicitadas.

También es destacable que apenas haya variado el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar.

En el mismo sentido, cabe destacar la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, tras el aumento interanual de más de dos puntos porcentuales.

Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona.

Al constatar, por otra parte, el descenso de las denuncias (un 2,3% menos que en el primer trimestre de 2017), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la disminución, siempre importante, del número de víctimas de violencia de género y también en el incremento, todavía pequeño, de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas, y por otro lado, en la necesidad de apostar por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas.

La presidenta del Observatorio, desde el más profundo reconocimiento a la labor que llevaron a cabo los grupos parlamentarios para alcanzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, vuelve a apelar al esfuerzo y a la generosidad de todos los estamentos sociales y políticos para que puedan ser visibles muy pronto los efectos beneficiosos del mismo, ya que se ha abierto, sin duda, un nuevo horizonte de esperanza en el largo, y duro, camino de la lucha contra la violencia sexista.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, insiste en que las víctimas de violencia de género se merecen la unidad de todos (fuerzas políticas y sociales, colectivos y corporaciones, sociedad y medios de comunicación) en la respuesta frente a un fenómeno que tiñe de sangre nuestra convivencia ciudadana.

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