En total se han invertido 183.635€ euros en la compra de 127 desfibriladores semiautomáticos externos y en la formación básica sobre el funcionamiento de los equipos.
Desde la Comunidad de Madrid se ha completado las instalación de desfibriladores en todas las sedes judiciales de la Región, en línea con el decreto aprobado por el Gobierno regional en septiembre del año pasado para convertir a Madrid en la primera comunidad autónoma cardioprotegida, con la instalación obligatoria de estos dispositivos en lugares de gran afluencia.
En total se han invertido 183.635€ euros en la compra de 127 desfibriladores semiautomáticos externos y en la formación básica sobre el funcionamiento de los equipos, que se terminaron de instalar el pasado 27 de diciembre. Los dispositivos, además, están conectados a la red de emergencias de Madrid 112 mediante un terminal telefónico, que se activa en el momento de su uso.
“Nuestro objetivo es proteger la salud de los empleados y de los usuarios de los servicios públicos madrileños, como los de la Justicia, con unos equipos de última generación, que tienen conexión permanente con la red de emergencias mediante un terminal telefónico y que permiten dar respuesta a la mayoría de paros cardiacos que se presenten”, ha explicado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido que ha visitado los juzgados de Colmenar Viejo.
Allí ha asistido a una demostración del uso del desfibrilador instalado en la sede judicial. Precisamente ha sido este juzgado donde se ha formado al primer equipo de trabajadores que se han ofrecido de forma voluntaria para aprender a utilizar estos dispositivos.
La formación básica sobre los aspectos técnicos, de manejo y mantenimiento a nivel usuario de los desfibriladores, así como sobre nociones básicas de RCP (reanimación cardiopulmonar), se va a ir impartiendo en todas las sedes judiciales de manera gradual. A estos cursos asistirán ocho personas por cada desfibrilador instalado en cada sede.
Respuesta inmediata
“La primera respuesta asistencial ante una parada cardíaca es el único tratamiento eficaz para este problema de salud pública que supone una de las principales causas de fallecimiento en países desarrollados como el nuestro”, ha recordado el consejero.
El decreto aprobado por la Comunidad de Madrid en septiembre establece la obligatoriedad de la instalación de desfibriladores en determinados lugares de gran afluencia. Entre ellos, grandes establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de autobuses y ferrocarril en poblaciones de más de 50.000 habitantes; y las estaciones de metro, ferrocarril y autobús con una afluencia media diaria igual o superior a 1.000 personas.
También los establecimientos públicos con un aforo de más de 2.000 personas y los establecimientos dependientes de las administraciones públicas en poblaciones de más de 50.000 habitantes y con una afluencia media diaria de más de 1.000 usuarios.
El Gobierno regional tiene previsto instalar unos 2.100 desfibriladores en los centros e instalaciones dependientes de las distintas consejerías, con una inversión de 1,6 millones que servirá para garantizar la cardioprotección de sus trabajadores y usuarios.
