CSIF pregunta a Barbero cómo piensa ejecutar la sentencia que obliga a restituir los antidisturbios de Madrid

A instancias de CSIF, un juzgado de Madrid obligó a Carmena a rehacer la unidades de antidisturbios del Ayuntamiento de Madrid porque se disolvieron sin negociación con los sindicatos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recibido “con asombro” las declaraciones efectuadas por el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, en la comisión de esta área del Ayuntamiento de Madrid celebrada hoy, en la que ha manifestado que el Consistorio ejecutará la sentencia ganada por CSIF, que anuló la resolución por la que desaparecieron las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), pero sin restaurar estas unidades de antidisturbios.

El pasado mes de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid anuló, a instancias de CSIF, la resolución del 6 de abril de 2016 del Ayuntamiento de Madrid, en virtud de la cual se modificó la relación de puestos de trabajo de la Policía Municipal y que significó la desaparición de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), los conocidos como antidisturbios de este Cuerpo.

El juez declaró la nulidad de dicha resolución porque el Consistorio modificó unilateralmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía sin seguir “el procedimiento sobre negociación colectiva, con cita del sindicato actor [CSIF] y a todas las organizaciones sindicales que procedan”.

Tras las palabras de hoy de Barbero, CSIF se pregunta “cómo piensa el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena cumplir la citada sentencia sin rehabilitar las unidades desmanteladas y sin devolver a las UCS a los agentes que fueron recolocados en unidades de distrito”.

Asimismo, CSIF, basándose en que, como señala el juzgado, la desaparición de las UCS es un acto nulo porque no fue sometido a negociación colectiva, exige que se abone a los agentes afectados las cantidades ilegalmente descontadas de sus nóminas, que ascienden a alrededor de 340 euros brutos al mes desde la resolución anulada de abril de 2016.

CSIF, sindicato mayoritario de Policía Local a nivel nacional, insiste en que la sentencia obliga al Ayuntamiento de Madrid a volver al momento anterior a la disolución de esta unidad de antidisturbios, una vez que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han decidido no recurrir esta resolución.

“La sentencia dice claramente que si quieren hacer una modificación de la relación de puestos de trabajo han de sentarse a negociar con los sindicatos, no como hicieron entonces, que sin negociar nada tomaron una decisión tan drástica como suprimir unas unidades que funcionaban muy bien, como indican los elevados índices de respuesta que tenían”, ha manifestado Víctor Martínez, responsable del sector Local de CSIF Madrid.

“Ineficacia” de la RPT

CSIF impugnó judicialmente la citada resolución de 6 de abril de 2016 de la Gerencia de la Ciudad, que modificó la RPT y la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno, Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, lo que significaba la amortización de 78 puestos de policía, el cambio de adscripción otros 121 puestos y la modificación del complemento específico por cambio de turno y cambio de adscripción de 109 puestos vacantes.

Según la sentencia, las materias de las que trataba el acuerdo impugnado se refieren a “aquellas que exigen la negociación colectiva”. Para el magistrado, no cabe duda de que CSIF, como organización sindical, “ostentaba un derecho, el de intervenir en el proceso de elaboración de ese nuevo listado de puestos de trabajo sometido a la exigencia de negociación colectiva”. La vulneración de esta exigencia lleva consigo, continúa el magistrado, la “ineficacia” de la RPT acordada de manera unilateral por el consistorio.

Las Unidades Centrales de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid, que se quedaron en un tercio de lo que eran antes de abril de 2016, estaban especializadas en el mantenimiento general de la seguridad ciudadana, aseguramiento de espacios públicos, control de masas, graves catástrofes públicas y situación de alerta policial.

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