La gestión indirecta de Madrid Calle 30 cuesta 9.400 millones de euros a las arcas municipales

  • Los cálculos se han presentado durante la última sesión de la Comisión de Investigación sobre el modelo y la financiación de la infraestructura.
  • Se añaden sobrecostes como la factura de la electricidad, que supone unos 5 millones de euros anuales.
  • El dictamen de la comisión, que ha celebrado cuatro sesiones desde junio pasado, se presentará el próximo 29 de noviembre.

La Comisión no permanente de Investigación sobre la situación económica y financiera de Madrid Calle 30 y su incidencia en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid ha celebrado ese miércoles su cuarta y última sesión. De acuerdo a los cálculos expuestos durante la sesión, el modelo de gestión indirecta de la infraestructura supondrá un sobrecoste de 1.400 millones de euros si se mantiene hasta el año 2040 como estaba previsto.

Durante la sesión se abordaron también las carencias en las obras, el aumento en el presupuesto de obras y mantenimiento por medio de contratos modificados, la ausencia de documentación preceptiva en los expedientes y eventuales incumplimientos de los pliegos del contrato en relación a las condiciones laborales de los trabajadores de Madrid Calle 30.

Madrid Calle 30 se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno municipal aprobó la modificación de la forma de gestión de la empresa, que pasó de ser directa a indirecta a través de una sociedad mixta. Está participada por el Ayuntamiento de Madrid (con el 80% del capital) y por un socio privado, EMESA (formada por Ferrovial y ACS). En agosto de 2005 se adjudicó el concurso de gestión a favor de EMESA. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta 2040.

Según los cálculos presentados por el consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, el modelo de gestión indirecta costará al Ayuntamiento 9.400 millones de euros (entre las obras de reforma, el mantenimiento y la financiación). Esto significa un sobrecoste de, al menos, 1.400 millones respecto a una gestión directa, debido al pago anual de dividendos, impuestos y swaps.

Estas estimaciones se refieren únicamente al modelo de gestión, sin incluir el sustancial aumento de presupuesto derivado de la modificación del contrato inicial, ni a los sobrecostes registrados durante las obras y en el mantenimiento de la infraestructura.

Existen además costes añadidos, como la factura de la luz, que asciende anualmente a cerca de 5 millones de euros y abona el Ayuntamiento, a pesar de que el contrato atribuye ese coste al socio privado.

Condiciones de los trabajadores y equipamientos inacabados

En la última sesión, en la que han participado los cuatro grupos municipales, se han abordado también posibles incumplimientos de los pliegos del contrato. En este sentido un representante del comité de empresa, Miguel Ángel Canto, ha explicado la necesidad de que el socio privado adecúe las condiciones de los trabajadores a sus funciones reales, de acuerdo a los pliegos técnicos y con el fin de garantizar la seguridad en las instalaciones.

Por su parte, Samuel Romero ha explicado que todos los tramos de túneles se inauguraron antes de mayo de 2007 a pesar de que una auditoría interna señalaba un importante número de equipamientos (ventiladores, postes, pantallas, cámaras, etc) faltantes en todos los tramos de la infraestructura. 

El mantenimiento, de 12 a 23 millones

La comisión ha analizado la fórmula elegida para construir la infraestructura, los sucesivos aumentos de presupuesto y posibles incumplimientos del contrato inicial y el modificado de 2007.

El contrato modificado, que está siendo auditado, incrementó el presupuesto en 1.632 millones de euros (un 18,61%), lo que supuso, además, una subida del precio anual del mantenimiento de Calle 30 de 12 a 23 millones de euros.

El Ayuntamiento de Madrid destina anualmente cerca de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 (única fuente anual de ingresos de la sociedad), de los cuales solo 28 millones están consignados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto se destina al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos al socio privado, pago de IVA e impuestos de sociedades, si bien una porción revierte en el reparto de dividendos al Ayuntamiento de Madrid.

Respecto a los incumplimientos contractuales por parte del socio privado, el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 ha incoado varios expedientes al socio privado desde 2016, de los cuales cuatro ya han concluido en sanción (que superan el millón de euros en penalizaciones), concretamente por las infracciones detectadas el sistema de telealumbrado a cielo abierto, en la instalación de una red wifi, de otra red de comunicaciones y de servicios de mantenimiento.

Comparecientes y ausentes

A la sesión de hoy miércoles 4 de octubre estaban citados varios de los responsables, políticos y técnicos, en su día, de diversos aspectos de Calle 30.

Comparecieron y respondieron a las cuestiones planteadas por los cuatro grupos municipales (Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos) cuatro personas:

  • El consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero.
  • El que fuera subdirector general de Gestión Económico Administrativa de Medio Ambiente y Movilidad, José María Vicent, firmante del informe que concluye que no era necesario la formalización del modificado para el reequilibrio de 2011.
  • El miembro del comité de empresa de EMESA, Miguel Ángel del Canto.
  • La que fuera directora general de Sector Público de Economía y Hacienda, Marta Fernández Pirla.

No han asistido, a pesar de estar citados, las siguientes personas:

  • El que fuera delegado de Seguridad Pedro Calvo.
  • El ex presidente de Madrid Calle 30 Juan Antonio Gómez Angulo.
  • Diego Sanjuanbenito, también presidente de Madrid Calle 30 en su día.
  • El ex director gerente de Madrid Calle 30 Fernando Guedán.
  • El firmante de la subrogación, David Moreno.
  • José del Pino, director gerente de Madrid Calle 30, que realizó una consulta al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el reequilibrio financiero de 2011.
  • El abogado de proceso penal por el siniestro de 2012, Francisco José Montiel.

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