- Los socialistas consideran que la venta de 18 promociones de vivienda de protección pública a una sociedad instrumental pudo vulnerar las normas sobre mercado interior y transgredir el derecho de la competencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la UE.
- La portavoz socialista en Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ha registrado la denuncia este lunes en la Secretaría General de la Comisión Europea.
- La denuncia ante la UE continúa las acciones judiciales del Grupo Municipal Socialista, que siempre se ha manifestado en contra de la venta de más de 5.000 inmuebles públicos a Fidere durante el mandato de Ana Botella (PP).
La portavoz en Urbanismo del Grupo Municipal Socialista de Madrid, Mercedes González, ha registrado esta mañana en la Comisión Europea una denuncia contra la venta de más de 1.800 viviendas -más locales, trasteros y garajes, hasta llegar en total a 5.315 inmuebles de titularidad pública- a la sociedad instrumental Fidere, durante el gobierno de Ana Botella, en 2013.
Los socialistas consideran, y así lo argumentan en el escrito, que la operación pudo vulnerar las normas sobre mercado interior –en concreto la de mercados públicos- y pudo transgredir también el derecho de la competencia recogido en los artículos 101 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Los argumentos que se exponen en la denuncia coinciden con el Informe de la Cámara de Cuentas: se distorsionó la libre concurrencia de los licitadores en la venta de las 18 promociones y el procedimiento adoptado bloqueó, por un lado, los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos y, por otro, los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los posibles candidatos a la compra.
La denuncia ante instancias europeas forma parte de las acciones judiciales que emprendió el Grupo Municipal Socialista desde el momento en el que se conoció la enajenación de este patrimonio municipal -18 promociones de vivienda pública- en una transacción plagada de defectos e irregularidades que suscitó, además, la celebración de una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Madrid a la que no acudieron ninguno de los responsables políticos de la operación.
