Madrid recurre la denegación de medidas cautelares sobre los acuerdos de no disponibilidad de crédito

El recurso del Ayuntamiento de Madrid argumenta que el TSJM “no ha tenido en cuenta el principio de igualdad ante la ley”, que el Tribunal “no ha valorado que el propio Estado y otras administraciones incumplen la regla de gasto sin consecuencias” y que “tampoco estima los perjuicios que soporta la ciudadanía como consecuencia de la aplicación de la política financiera y presupuestaria del Estado”.




El Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto este viernes un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deniega medidas cautelares frente a los acuerdos de no disponibilidad de crédito exigidos por el  Ministerio de Hacienda. Si el recurso no fuera estimado, el Ayuntamiento acudirá al Tribunal Supremo.

El pasado 29 de mayo el Ayuntamiento de Madrid presentó un recurso ante el TSJM contra la denegación del Plan Económico Financiero (PEF) y contra los acuerdos de no disponibilidad de crédito exigidos por el Ministerio de Hacienda. Solicitaba, además, medidas cautelares por la vía contencioso-administrativa.

El TSJM desestimó el 21 de junio las medidas cautelares en un primer auto. Todavía está pendiente la decisión del Tribunal sobre el fondo del asunto




El Ayuntamiento de Madrid presenta ahora recurso de reposición contra esa denegación. Plantea que el TSJM “no ha examinado el principio de igualdad ante la ley, esgrimido por el propio Consistorio para poner de manifiesto la diferencia de trato frente a otros municipios; tampoco ha valorado los perjuicios que la aplicación de la política financiera y presupuestaria del Estado ocasionan a la ciudadanía, ni estima que el propio Estado incumplió la regla de gasto en 2016 sin ninguna consecuencia”.

Interpretación de la jurisprudencia

A juicio del Ayuntamiento de Madrid, “el auto que deniega dicha medidas cautelares realiza una interpretación perjudicial de la jurisprudencia del TS en cuanto a la posible excepcionalidad de la situación, y no tiene en cuenta perjuicios para la ciudadanía en las exigencias del Ministerio de Hacienda y su aplicación de la regla de gasto”

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