- Desde el verano de 2013 se han instalado en la ciudad de Madrid 500 terrazas, lo que supone más de 50.000 mesas y 200.000 sillas, más sombrillas y un amplio abanico de elementos. Una ocupación del espacio público que se estima en más de 30 Hectáreas.
- En el distrito Centro hay autorizadas más de 650 terrazas, con aproximadamente 17.000 sillas y 4.200 mesas. Existe, según denuncian, un alto porcentaje de terrazas no autorizadas.
- «Aunque se instalan en el espacio público no tienen que cumplir exigencia alguna en materia de ruido o de impacto medioambiental», explican.
El 14 de julio de 2015, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro registró un escrito dirigido a la alcaldesa Manuela Carmena en el que se pedía que «se detuviera de manera urgente la aplicación de la vigente ordenanza de terrazas por el enorme impacto que su aplicación está suponiendo para el normal funcionamiento del espacio público y la convivencia; al tiempo que se solicitaba la redacción de una nueva ordenanza para regular la implantación de estas instalaciones en la vía pública».
Según denuncian, «un año y nueve meses después la respuesta sigue siendo la misma por parte de la corporación municipal, y en especial por parte del responsable del área de gobierno con competencias en la materia, José Manuel Calvo. Ninguna respuesta».
Para las asociaciones, «el programa con el que acudió a las elecciones municipales de 2015 el grupo político Ahora Madrid, incluía Propuestas Programáticas Ciudadanas. En las propuestas programáticas referidas al distrito Centro se incluía la siguiente: ‘Revisar la ordenanza de terrazas y quioscos, equilibrando los espacios peatonales y el comercio’ (Objetivo 4.4.) La realidad, después de casi cuatro años de aplicación de la ordenanza, es que estamos ante un hecho sin precedente de destrucción de tejido urbano y génesis de conflictos de convivencia».
«La masificación de todo tipo de mobiliario vinculado a esta actividad en la vía pública, ocupando aceras y plazas – incluso con cerramientos que suponen de facto edificaciones en la vía pública – con horarios de hasta casi 17 horas al día durante el periodo de máximo funcionamiento; y apilados en montones durante las horas sin funcionamiento… supone una clara alteración del paisaje urbano, una alteración de la movilidad de los peatones y sobre todo un foco de contaminación acústica que afecta gravemente al descanso de miles de vecinos», critican.
Además, añaden que «más grave aún es la alteración del marco normativo municipal que introdujo dicha ordenanza; toda vez que la realidad concreta y diaria de su aplicación atenta contra normas como la protección del medio ambiente, la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, la contaminación acústica, el diseño y gestión de obras en la vía pública y la movilidad en la ciudad de Madrid, etc».
El seguimiento que las Asociaciones de Vecinos del Distrito Centro han hecho de la aplicación de la ordenanza «nos lleva a la conclusión rotunda: la norma actual es de imposible cumplimiento con los medios municipales existentes. El reiterado incumplimiento por parte de los beneficiarios de este tipo de instalaciones queda sin sancionar por la falta de capacidad administrativa para la aplicación y gestión del régimen de vigilancia y sanción de la misma».
Por último, y en relación «con nuestra actividad fiscalizadora, podemos evidenciar y probar los numerosos casos de presión especulativa sobre el espacio público que se están generando sirviéndose de esta ordenanza».
Por todos los motivos expuestos desde las asociaciones se han solicitado a la alcaldesa de Madrid que «con carácter urgente se proceda a declaración de la moratoria de dicha Ordenanza para que desde ya mismo no se autorice ni una terraza más en el distrito Centro de Madrid».
«Hemos solicitado igualmente que se analicen las deficiencias que ha tenido hasta la fecha la aplicación de esta ordenanza, durante los casi dos años de vigencia por especialistas independientes en materia de urbanismo y medio ambiente. Y que sirviéndose de las conclusiones de este análisis, se proceda a la redacción urgente de una nueva ordenanza que regule esta actividad en el espacio público, con la participación de todos los agentes sociales afectados, para antes del verano de 2017», concluyen.
